Bruselas apuesta por prorrogar un año más, hasta 2024, la suspensión de las reglas fiscales europeas que rigen los límites de déficit y de deuda, así como la senda para recortarlos. Pero lo hace sin el entusiasmo del pasado, pidiendo "prudencia en su aplicación, sobre todo en los países con mayores niveles de deuda", según ha dicho el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, tras la reunión del Eurogrupo en Bruselas. Pero, también, es una decisión que no termina de convencer a Alemania y Países Bajos y que los 27 adoptarán, previsiblemente, en la reunión del Ecofin (ministros de Finanzas de la UE del próximo mes).
Así, los ministros de Finanzas Christian Lindner y Sigrid Kaag, respectivamente, han mostrado este lunes las dudas sobre la prórroga de la cláusula de escape. A su llegada al Eurogrupo, el alemán, Lindner, destacó que la prioridad debería ser "la lucha contra la inflación" y añadió que "incluso si se prorroga la cláusula general de escape (que congela los límites a la deuda y el déficit de los países), esto "no quiere decir que se tenga que hacer uso de esta opción. La prioridad es combatir la inflación y para eso tenemos que abandonar la política fiscal expansiva para que el Banco Central Europeo (BCE) tenga margen combatir la inflación con sus propias herramientas".
Lindner dijo que su Gobierno "toma nota" de la propuesta y añadió que preferiría volver "lo antes posible" al Pacto de Estabilidad y avisó de que su país activará un "freno constitucional de la deuda" en 2023.
El holandesa Sigrid Kaag, por su parte, aseguró que su país está "abierto" a la propuesta de Bruselas, y que la "sopesará cuidadosamente". Pero añadió: "La capacidad de gastar más no significa que uno debería hacerlo. Hay que acometer una reducción de la deuda de forma clara y transparente".
Gentiloni ha insistido en que la UE "está lejos de la normalidad económica", y que no está proponiendo "un retorno al gasto sin límites".
"España ha venido apoyando una revisión de las reglas fiscales antes de que se reactiven íntegramente", ha dicho la vicepresidenta económica, Nadia Calviño: "Creo que es positivo que se extienda un año más esa cláusula general de escape, por cuanto no se entendería que en un momento de tan alta incertidumbre como el que nos encontramos se volviesen a aplicar tal cual unas reglas que tienen que ser revisadas para adaptarse a las necesidades presentes y sobre todo, a las necesidades futuras de inversión de la Unión Europea. La Comisión Europea lo que hace es una recomendación general de prudencia fiscal que está absolutamente alineada con la senda de reducción del déficit y de la deuda pública que ha propuesto nuestro país".
En este sentido, en relación con la revisión de las normas, Calviño ha afirmado: "Espero que cuanto antes la Comisión Europea ponga una propuesta sobre la mesa y que lo haga con un tiempo suficiente como para que tengamos ese debate necesario para poder adaptar las reglas antes de que se eliminen tal cual o que se recuperen tal cual esas reglas fiscales que en nuestra opinión no responden a las necesidades actuales ni futuras de la Unión Europea".
“La activación de la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en marzo de 2020 permitió a los Estados miembros reaccionar con rapidez y adoptar medidas de emergencia para mitigar el impacto económico y social de la pandemia. La acción presupuestaria coordinada amortiguó el golpe económico y allanó el camino para una recuperación sólida en 2021”, explica la Comisión Europea.
Bruselas, además, afirma: “Las políticas para mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía y apoyar a quienes huyen de la agresión militar de Rusia contra Ucrania contribuirán a una política fiscal expansiva en 2022 para la UE en su conjunto”.
“La naturaleza específica de la conmoción macroeconómica provocada por la invasión rusa de Ucrania, así como sus implicaciones a largo plazo para las necesidades de seguridad energética de la UE, exigen un diseño cuidadoso de la política fiscal en 2023”, prosigue: “La política fiscal debe expandir la inversión pública para las transiciones verde y digital, así como la seguridad energética. La implementación completa y oportuna de los planes de recuperación y resiliencia es clave para lograr mayores niveles de inversión. La política fiscal debe ser prudente en 2023, controlando el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional, permitiendo al mismo tiempo que funcionen los estabilizadores automáticos y brindando medidas temporales y específicas para mitigar el impacto de la crisis energética y brindar asistencia humanitaria a las personas que huyen de la invasión de Rusia sobre Ucrania”.
Bruselas insiste en que “los planes fiscales para el próximo año deben basarse en trayectorias prudentes de ajuste a medio plazo que reflejen los desafíos de sostenibilidad fiscal asociados con los altos niveles de deuda en relación con el PIB, que han aumentado aún más debido a la pandemia. Además, la política fiscal debe estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación”.
De esta manera, “la Comisión considera que se cumplen las condiciones para mantener la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2023 y desactivarla a partir de 2024. El aumento de la incertidumbre y fuertes riesgos a la baja para las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en Ucrania, precio de la energía sin precedentes, los aumentos y las continuas perturbaciones en la cadena de suministro justifican la extensión de la cláusula de escape general hasta 2023. La activación continua de la cláusula de escape general en 2023 proporcionará el espacio para que la política fiscal nacional reaccione con rapidez cuando sea necesario, al tiempo que garantiza una transición de la cláusula de escape universal hacia un enfoque cada vez mayor en medidas temporales y específicas con la prudencia fiscal necesaria para garantizar la sostenibilidad a medio plazo”.
La Comisión anuncia que “proporcionará orientaciones sobre posibles cambios en el marco de gobernanza económica después de las vacaciones de verano y a tiempo para 2023”.
La propuesta llega después de que la Comisión Europea rebajase su previsión de crecimiento para la eurozona en más de un punto por el impacto de la guerra, dejándola en el 2,7% para 2022, y con una inflación del 6,1%. En los datos relativos a España, las previsiones de Bruselas pasan el 5,6% previsto el 10 de febrero, al 4% del PIB anunciado ahora por el impacto de la guerra desatada en Ucrania tras la invasión rusa del país. Bruselas también recorta un punto sus pronósticos para 2023 para España, y pasa del 4,4% al 3,4%, lo que hace que se retrase alcanzar los niveles previos a la pandemia hasta el tercer trimestre de 2023.
