Ocurrió hace casi cuatro años y el procesado va a ser juzgado este miércoles, pandemia del coronavirus mediante, en la Audiencia Provincial de Toledo. Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2018 en un hostal de Illescas. Dos agentes de la Policía local y otros dos de la Guardia Civil acudieron al aviso del responsable del establecimiento, porque un hombre molestaba a la clientela. Estaba bajo la influencia de la ingesta de sustancias tóxicas, que mermaban sus facultades psicofísicas, según el relato de la fiscal del caso.
El individuo no deponía su actitud. Al contrario; elevaba el tono de voz y profería insultos contra los agentes: «¡Os voy a lanzar las jeringuillas que están infectadas de sangre y es contagiosa de una enfermedad crónica!», «¡Os voy a mandar a un mundo que lo vais a flipar!». Pero no eran los únicos improperios: «¡Si os acercáis más, os lanzo las jeringas», «¡Os voy a arruinar vuestra vida, porque la mía no me importa una mierda, y acabo de salir de la cárcel!». «¡Hijos de puta, me importa tres cojones mi vida, así que la vuestra, menos!», amenazaba. Y advertía que se había inyectado «dos chutes de coca y otras sustancias que me han flipado».
Finalmente, fue detenido y se le encontró en su habitación del hostal una bolsa de plástico con autocierre, en cuyo interior había 32,1 gramos de cocaína, con una riqueza media de 56,95%, y otra similar pero con 7,07 gramos de cocaína, con una riqueza media del 68,6%. También tenía un envoltorio de plástico abierto con 21,57 gramos de cocaína, con una riqueza media del 56,85%. Todas estas cantidades iban a ser destinadas al tráfico a terceras personas, a juicio de la fiscal.
Según el informe del médico forense, el acusado tenía «abolidas» sus capacidades cognitivas y volitivas en ese momento. Por ello, el Ministerio Público considera que concurre una eximente completa para solicitar la libre absolución del procesado por el delito de resistencia grave a la autoridad. Propone, en cambio, su internamiento en un centro de deshabituación de drogas durante seis meses. Además, solicita cuatro años de prisión por el delito contra la salud pública.
