El Gobierno busca salvar la aprobación del fondo público 'in extremis' tras perder el apoyo de los socios de la coalición. En las últimas horas el gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha mantenido contacto tanto con los partidos de la oposición, cuyos apoyos trata de sumar para superar la votación del proyecto de ley en el Congreso, como el propio Ministerio de Hacienda para sondear posibles soluciones que conjuguen un consenso mínimo para dar cumplimiento a esta exigencia de Bruselas.
Caber recordar, que la aprobación de la medida tiene fecha límite de finales de junio, momento en que Bruselas examinará los avances sobre el despliege de la medida. De hecho, los 6.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción que deberían llegar en la segunda mitad del año están condicionados a la aprobación de esta medida y de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, entre otros hitos.
El estado de la cuestión pasa por la convocatoria de última hora del Ministerio de Seguridad Social a los partidos plíticos este martes para llevar a cabo la ponencia de enmiendas, que dirime cuáles se incluirán en el proyecto de ley quu irá al Congreso y cuáles no. La reunión, que tendrá lugar en la mañana de este martes, no en vano, está lejos de definir cuáles serán las propuestas que acepte el Ejecutivo de forma definitva. «Servirá solo para despejar los puntos sencillos del articulado de enmiendas», apuntan fuentes parlamentarias consultadas por ABC.
Sin embargo, según fuentes conocedoras del proceso de negociación, el Ejecutivo aún no habría conseguido sumar todos los apoyos por la falta de concesiones en el ámbito fiscal. Aunque el ministro Escrivá sí que habría sondeado con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, posibles cesiones hacia las peticiones -enfocadas en incrementar incentivos fiscales para las empresas o en elevar las desgravaciones para las aportaciones a los planes individuales- de los partidos para garantizar sus votos.
Aunque fuentes oficiales aseguran a este medio que, en dichas conversaciones que se han producido con carácter informal, tanto los representantes del Ministerio de Hacienda como los de Seguridad Social se han mostrado en la línea de no realizar grandes esfuerzos fiscales para hacer más atractivos los planes de pensiones de empleo. El mismo Escrivá señalana la pasada semana en rueda de prensa que cualquier concesión fiscal al ahorro debía ser estudiada al detalle por las implicaciones presupuestarias que conlleva.
No en vano, el elemento de la fiscalidad parece ser la piedra de toque que salvará o hará caer definitivamente el fondo público de pensiones. El Gobierno habría mantenido en las últimas horas conversaciones tanto con el PP como con Cs para buscar un punto intermedio entre las modificaciones exigidas por la vía de enemidas, que tendrían un coste aproximado de 1.000 millones de euros en incentivos. Unas propuestas que ya fueron rechazadas de forma oficial, tal y como desveló ABC.
Sin embargo, las espadas continúan en alto. Por un lado, los socios de la coalición parecen haberse descolgado definitvamente de la ley que consideran como un paso hacia la privatización del fondo público de pensiones. Mientras que desde Unidas Podemos se llegó a pedir al ministro Escrivá a finales de la pasada semana que eliminara de la ley el único incentivo para los empleadores en forma de deducción en cuota de Seguridad Social, de hasta 400 euros al año por empleado.
Mientras que desde los partidos de la oposición no confirman ningún acuerdo definitivo con el Gobierno que sirva para garantizar el visto bueno a la ley en el Congreso, el Ejecutivo parace querer alcanzar una solución acelerada, para lo que forzará la ponencia de enmiendas para este martes en el Congreso. El PP exige que haya más deducciones en IRPF para los autónomos y que se equiparen a los 8.500 euros fijados para los asalariados, además de un periodo transitorio en el que se incrementen la deducción de IRPF para las aportaciones a los planes indviduales, hasta 5.000 euros anuales, desde los 1.500 euros actuales.
Del mismo modo, Ciudadanos reclamaba también incluir una exención fiscal para el Impuesto de Sociedades por las aportaciones realizadas al plan de pensiones a favor del empleado de hasta el 15%. Lo que tendría un coste de merma de recaudación de 39,5 millones de euros.
Sin embargo, ni las reclamaciones del PP ni las de Cs han conseguido convencer al Gobierno, que afronta la semana decisiva para congregar apoyos sin los votos ni los acuerdos necesarios para sacar la ley adelante. Fuentes parlamentarias advierten, más allá, del verdadero peligro de que la ley pueda caer en el trámite parlamentario por la pérdida de apoyos de los socios de coalición en la última semana.
