El Gobierno vasco irá por segunda vez al Supremo para tratar de revertir el último varapalo judicial a su estrategia contra la pandemia. Los servicios jurídicos del Ejecutivo de Urkullu consideran que la resolución que anulaba el cierre de la hostelería en diciembre de 2020 y enero de 2021 carece de «justificación y vulnera el principio de proporcionalidad» y por eso ha anunciado que interpondrá recurso de casación en el Tribunal Supremo.
En un comunicado han denunciado la «grave incongruencia interna» que existe en la resolución judicial. En opinión del Ejecutivo autonómico, resulta «complicado» defender, como lo hace la sentencia, que las medidas adoptadas «se justifican en la situación epidemiológica» y que a la vez «no se realizó un análisis específico sobre las medidas impugnadas, ni sobre su necesidad, proporcionalidad e idoneidad».
Añaden, que son los propios jueces en su resolución los que consideran que «debe concluirse que las medidas adoptadas se justifican en la situación epidemiológica». Además, el fallo recoge que «el hecho de que se adopten medidas restrictivas respecto de este sector de actividad está debidamente motivado». Desde el Gobierno vasco recuerdan, además, que el Tribunal Supremo ya ha señalado en ocasiones anteriores que «la exigencia de justificación» no significa necesariamente la obligación de «aportar informes prolijos y variados según el lugar».
El Gobierno vasco respondía así a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anulaba el cierre de la hostelería que decretó el Ejecutivo autonómico a finales de 2020 y principios de 2021. Los jueces argumentaban que no se había aportado ningún informe específico que justificara la decisión de cerrar los locales de hostelería y no otros establecimientos.
El propio Gobierno vasco reconoce que se ha perdido la objeto dado que el hecho recurrido por los demandantes ha perdido vigencia y los locales de hostelería llevan meses reabiertos. En realidad, la sentencia no tendrá efectos prácticos porque los hosteleros no habían solicitado ningún tipo de indemnización, pero sí supone un fuerte golpe simbólico para el Gobierno vasco. Es, de hecho, el décimo varapalo de la justicia a las medidas antipandemia de Urkullu ya que los jueces vascos únicamente han consentido aprobar a la primera la supresión de los cotillones o la prohibición de comer palomitas en el cine.
A pesar de esas constantes trabajas judiciales, sin embargo, únicamente en una ocasión anterior recurrió el Gobierno autonómico al Alto Tribunal. Lo hizo para solicitar la puesta en marcha del Pasaporte Covid después de que el TSJPV tumbara su decreto. En aquella ocasión revertió la decisión de los jueces vascos.
