La nueva ley del aborto -por ahora anteproyecto- ha vuelto a poner este asunto en el foco social y mediático. La propuesta del Gobierno ha levantado una vez más polémica en diversos sectores por aspectos como que las menores puedan interrumpir el embarazo desde los 16 años sin el permiso de sus padres. Castilla y León acumula desde el 2001 más de 60.000 abortos, con una tendencia a la baja en la última década. De hecho, la cifra registrada en el 2020, último ejercicio del que se dispone de datos, es la más baja de los últimos 20 años. Así, según el informe elaborado por la Junta de Castilla y León con los datos remitidos desde el Ministerio de Sanidad, en el año de la irrupción del Covid se registraron 2.421 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres residentes en la Comunidad, casi un 10 por ciento menos que en un 2019 prepandemia. El mayor número de ellas se concentra en las provincias de Valladolid y León, que agrupan casi la mitad del total.
En cuanto a las franjas de edad, cuatro de cada cinco de los abortos se produjeron en mujeres de entre 20 y 39 años y las menores de 20 suponen un 10,2 por ciento -las que tienen menos de 15 fueron 6, el 0,25- y este dato también se ha ido reduciendo progresivamente desde que arrancase el siglo XXI. El anotado en 2020 es el más bajo desde hace dos décadas, un periodo en el que hubo una tendencia creciente hasta 2010, cuando se alcanzó un pico de 15,5 por ciento, y que ha ido descendiendo desde entonces.
Financiación pública
Más de la mitad de los abortos contaron con financiación pública, mientras que el 44,28 por ciento corresponden a prácticas que se realizaron en el ámbito privado porque esa fue la opción escogida directamente. En el caso de las provincias de Ávila, Palencia y Soria, las mujeres que quisieron realizar el aborto con cargo al erario público tuvieron que dirigirse a otras autonomías, según figura en el informe.
En Castilla y León solo dos hospitales públicos realizan esta práctica por el elevado número de objetores de conciencia -con la nueva ley los médicos que no quieran hacer abortos deberán figurar en un registro- siempre dentro de los límites que permite la norma y que se mantendrán con el texto planteado por la ministra de Igualdad, Irene Montero: hasta las 14 semanas por deseo de la gestante prorrogable hasta las 22 cuando corra peligro la vida de la madre o del feto-. Uno de los centros públicos que realiza estas intervenciones es el de Miranda de Ebro y el otro el Hospital Universitario de Burgos, que ha comenzado a hacerlo recientemente y únicamente los realiza de carácter farmacológico. El resto de los abortos se derivan a tres clínicas privadas sin que suponga ningún coste para la paciente.
Éste será uno de los aspectos a los que deberá adecuarse Castilla y León en el momento en que se aplique la nueva normativa, aunque por el momento las comunidades no han sido informadas sobre el contenido de la futura legislación, aseguran desde la Consejería de Sanidad. Y es que el anteproyecto impulsado por el Ejecutivo central recoge que estas prácticas deberán realizarse en los centros públicos y solo en contadas excepciones pasarán a las clínicas privadas.
En cuanto a la nacionalidad, el 72 por ciento de las mujeres que realizaron una interrupción voluntaria del embarazo en 2020 eran españolas frente al 28 por ciento procedentes de otros países. Por nivel de estudios, las que cuentan con bachillerato o FP son una de cada tres, mientras que un 30 por ciento cuentan con la ESO y un 22, con una titulación universitaria. El informe detalla, además, que la mayor parte de los abortos (un 64,7 por ciento) se realizaron con ocho semanas de gestación o menos y que casi nueve de cada diez se practicaron a petición de la mujer, el 4,7 por ciento porque estaba en «grave riesgo» la salud de la gestante y el 5,33, por «el riesgo de graves anomalías en el feto».
