La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, comienza este lunes una visita oficial a Xinjiang para investigar las violaciones cometidas en la provincia china. El Partido Comunista ha implementado allí campos de reeducación por los que han pasado, según cifras de instituciones internacionales y ONG, más de un millón de personas de etnias locales como la uigur.
El Gobierno chino, que en un primer momento negó su existencia, defendió después que se trataba de centros de formación profesional, parte de un esfuerzo por erradicar «los tres males» –«extremismo, separatismo y terrorismo»– de una región que ha padecido una veintena de atentados en la última década, el más reciente en 2017. Esta campaña se ha traducido en un estado policial que aspira a la asimilación cultural plena en detrimento del islam, religión mayoritaria entre la población autóctona.
A esto se añaden, además, otras denuncias como el empleo de mano de obra forzosa en la industria local y esterilizaciones forzosas, lo que ha provocado que varios países occidentales –Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido, Lituania, Francia, Nueva Zelanda, Bélgica Chequia– califiquen lo sucedido en Xinjiang de «genocidio» o «crímenes contra la humanidad».
El viaje de Bachelet llega tras una larga negociación y envuelto en la polémica ante el férreo control de las autoridades chinas. Se trata de una reedición de la misión en Wuhan de la Organización Mundial de la Salud, cuyos expertos protestaron después por la falta de transparencia que imposibilitó alcanzar hallazgo alguno en relación al origen de la pandemia.
La complacencia de la expresidenta chilena con el régimen chino ha provocado la preocupación de ONG como Human Rights Watch, ante la posibilidad de «manipular la visita para convertirla en un acto de relaciones públicas». Una alarma compartida por países como EE.UU. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha recordado que la institución sigue bloqueando un informe pendiente desde hace meses. «El continuado silencio de la Alta Comisionada ante pruebas irrefutables de las atrocidades cometidas en Xinjiang (...) es muy preocupante, sobre todo cuando ella representa la voz mundial en materia de derechos humanos», ha señalado.
Contribuye a la opacidad –y con ella al escepticismo– la política de Covid cero que mantiene al país aislado del resto del mundo y restringe la movilidad por el territorio nacional. Una avanzadilla de cinco personas trabaja sobre el terreno desde hace un mes, organizando la llegada de Bachelet. Se cree que esta viajará a China en una burbuja –similar a aquella puesta en práctica durante los Juegos Olímpicos de Invierno– por lo que medios de comunicación no podrán acompañarla ni informar de sus desplazamientos.
La inspección, la primera al país desde 2005 y «a invitación del Gobierno», durará seis días. La Alta Comisionada pasará por Cantón, Urumqi y Kashgar, donde se reunirá con «políticos regionales y estatales, organizaciones de sociedad civil, empresarios y académicos», según ha adelantado. Su paso por China concluirá con un comunicado y una rueda de prensa, que evaluará no solo la situación en Xinjiang, también la credibilidad del organismo que encabeza.
