Indignación y enfado en el sector audiovisual con la recién aprobada Ley Audiovisual. Según ha podido saber Confidencial Digital, los productores independientes han puesto el grito en el cielo al ver mermada la financiación de futuros proyectos.
El origen de la polémica es la enmienda 790 de la nueva norma, que reforma la definición tradicional de productor independiente del artículo 110.1. Se trata de un extraño cambio gramatical que termina siendo decisivo.
En el anteproyecto de ley quedaba claramente determinado lo que era un productor independiente y la figura que representaba, porque el texto concluía así: “(…) y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un prestador del servicio de comunicación audiovisual”
Pues bien. El texto final de la Ley Audiovisual añade una palabra (“dicho”) que, a juicio de los afectados, trastoca todo el sentido. Concretamente, el citado artículo al completo ha quedado finalmente así:
-- “Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual".
Esta modificación –extraña y confusa también porque emplea un mal castellano-, aseguran los afectados, les cierra la puerta a un dinero extra que hasta ahora recibían. ¿Por qué? Porque permite que las productoras participadas por grandes compañías como Atresmedia o Mediaset pasen a formar parte de este sector, amparándose en la nueva definición de productores independientes, no siéndolo. Todo por el añadido de una simple palabra en la redacción del texto.
Efectivamente, estas factorías participadas también podrán optar, a partir de ahora, al 0,9% del presupuesto que hasta ahora estaban obligadas a destinar a producción independiente. Concretamente, el total de ese 0,9% son 70 millones de euros.
Desde PATE, la asociación que aglutina a las factorías y productoras audiovisuales más importantes del país, declaran a ECD que este cambio lleva a las compañías originales y verdaderamente independientes “a la desaparición”, excepto en los casos que puedan permitirse transformarse “en meros proveedores de servicios especializados”.
Se trata de cifras relevantes. Según sus cálculos, “se pueden perder 17.500 puestos de trabajo y que los 2.500 restantes estén precarizados”.
Con esta modificación, añaden, se da cabida a que las llamadas “productoras participadas entren dentro de la figura del productor independiente”. Según PATE, están permitiendo “competir de forma desleal a las televisiones (propietarias de esas factorías participadas)”.
Entre las productoras participadas hay que contabilizar factorías relacionadas con Mediaset, como Producciones Mandarina, Atlas, Megamedia, Alea Media, Fénix Media, La Fábrica de la Tele, Bulldog TV…, y con Atresmedia: como Buendía Studios.
