Una familia palestina lleva desde este lunes por la mañana atrincherada con gasolina y bombonas de gas en su casa de Jerusalén este tratando de bloquear su demolición por parte de las autoridades israelíes, que tienen una polémica orden judicial para su desalojo.
"Esperamos que la Alcaldía y la Policía hagan lo correcto y razonable y se cancele el desalojo. Pero mientras no haya un compromiso por escrito, es difícil creerlo", ha declarado en un comunicado un comité de apoyo a la familia Salhiya, después de que las excavadoras israelíes derribaran este lunes el vivero colindante a la vivienda.
El Ayuntamiento de Jerusalén ha expropiado los terrenos en los que esta familia vive desde los años cincuenta y este lunes, sus 15 miembros, se atrincheraron en la casa, sin luz desde el corte de electricidad de esta tarde, y han amenazado con "hacerla volar" si les obligan a abandonarla.
"Llevamos en esta casa desde los años cincuenta y luchamos contra el desalojo durante 25 años. Nos han ofrecido dinero para irnos y hemos luchado para salvar nuestro hogar", indicó Abdallah Ikiramhawi, uno de los miembros de la familia.
El caso de los Salhiya es una de los decenas de órdenes de expulsión que afectan a los vecinos palestinos del céntrico barrio de Sheikh Jarrah, la mayoría por demandas de judíos que reclaman la propiedad de las casas, pero en este caso son las autoridades israelíes que han decretado la expropiación del terreno para construir una escuela.
Los Salhiya, como gran parte de los vecinos de este barrio, son refugiados palestinos desde la creación del Estado de Israel en 1948.
La policía israelí mantiene ha mantenido desde esta mañana un amplio dispositivo de seguridad y ha impedido el acceso a la vivienda y a la calle, cerca de la que durante el día se han congregado vecinos y activistas pro-palestinos. Finalmente, periodistas locales han informado que el bulldozer israelí se ha retirado de la casa por la tarde.
Las misiones diplomáticas de la Unión Europea, incluida España, han acudido también al barrio, que este lunes ha registrado una alta tensión, y han pedido posponer el desalojo hasta que se celebre la vista judicial sobre este caso prevista para el 23 de enero.
"Es imperativo desescalar la situación y buscar una resolución pacífica. Los desalojos y las demoliciones son ilegales según el derecho internacional y socavan significativamente las perspectivas de paz, además de alimentar las tensiones sobre el terreno", ha indicado la misión diplomática de la UE en Jerusalén en un comunicado.
"Aquí hay un crimen enorme contra los palestinos, como en todo Jerusalén Este bajo ocupación y como en toda Cisjordania", ha dicho Ofer Kasif, diputado de la coalición izquierdista Lista Unida en el Parlamento israelí, quien también se ha acercado al vecindario.
Las inminentes órdenes de expulsión en este emblemático barrio de Sheikh Jarrah han generado una fuerte oposición local e internacional y el pasado mayo desencadenó numerosas protestas que derivaron en la escalada bélica con las milicias aramadas de Gaza.
Jerusalén Este, donde residen más de 300.000 palestinos y 200.000 colonos israelíes, está ocupado y anexionado por Israel, que impone sus leyes civiles en contra de la norma internacional.
