Para la convencional constituyente e integrante de Modatima, Manuela Royo, se debe "avanzar en algo mucho más profundo que un simple racionamiento, hoy día lo relevante es cambiar la estructura del sistema de agua chileno, desprivatizarla, asegurarla como un derecho humano y de la naturaleza".
En el contexto de la mega sequía que azota a gran parte del país, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo no descartar un racionamiento de agua para Santiago este 2022 e instó a la comunidad, al Estado y las empresas a cuidar este recurso.
Lo anterior, en medio de la demanda de la que se hizo parte la autoridad y que fue impulsada por activistas medioambientales Sara Larraín y Marcela Mella en contra del convenio celebrado entre AES Gener y Aguas Andinas, que permite el uso de agua destinada al consumo humano para el funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
Mientras en conversación con Radio Pauta, el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, sostuvo que en la empresa están haciendo “todo lo posible para enfrentar el cambio climático” y evitó anticipar un posible corte del suministro de agua potable de continuar la escasez hídrica.
Con todo, el gobernador- en el marco del OH! STGO-. nuevamente reiteró esta posibilidad, señalando que “una ciudad tiene que estar siempre preparada, con protocolos ante eventualidades y eso se está trabajando hoy día con las distintas autoridades. Segundo, un llamado a la conciencia. En Santiago se vota agua como si sobrara, como si estuviéramos viviendo en el norte de Europa, donde el agua abunda por todos lados”.
Por lo que Orrego planteó la necesidad de un cambio de consciencia en tres niveles. “En ahorro de agua por empresas, por el Estado y también por los ciudadanos. En construcción de espacios públicos con eficiencia hídrica, es decir, no podemos tener grandes superficies de pasto, tenemos que tener plantas y especies menos consumidoras de agua. Por último, tenemos que fiscalizar, en el verano se botan en el verano millones de litros de agua por grifos y cañerías en mal estado”.
Asimismo, aseveró que una de las medidas que están evaluando “es no aprobar ningún proyecto que no venga con un certificado de deficiencia hídrica, los espacios públicos en Santiago tienen que incorporar en su diseño la escasez de agua y cambio climático; vamos a promover ordenanzas municipales que regulen el uso del agua, particularmente en el riego y vamos a tener que estudiar con las futuras autoridades algún tipo de tarificación por el sobreconsumo”.
La vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, María Jesús Martínez fue crítica de los dichos del gobernador y de su respaldo a la demanda interpuesta por ambientalistas, apuntando que “si bien es lo que corresponde a cualquier autoridad ponerse de parte de las organizaciones o de las acciones en pro de la defensa del agua, del medioambiente, lo hace a mi parecer un poco tarde porque eso lo anunció en agosto, ya estamos en enero y podrían haber hecho algo mucho antes, considerando que en el convenio se establecen cláusulas que deben cumplir en relación de que Aguas Andinas le debe entregar agua a Alto Maipo del Embalse El Yeso, de la reserva El Encañado y de La Laguna Negra para las pruebas que ya están empezando a realizar y para el llenado del túnel. Estamos hablando de volúmenes de agua en cantidades que son gigantes”.
Por ello, sostuvo que este hecho obedece más bien a una cuestión simbólica, puesto que a su juicio “lo que hay que detener es que Alto Maipo entre en operación y para eso no solamente es necesario atacar el convenio, sino que atacar el proceso en términos institucionales”.
En la Convención Constitucional, contraria fue la postura de la constituyente por el Distrito 16 y expresidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, Gloria Alvarado, quien comentó que “desde mi experiencia en la gestión comunitaria de agua siempre lo hemos valorado este elemento y todos sus usos ecosistémicos y nos parece muy bien que el gobernador Orrego respecto de generación de energía dé una potente señal de seguridad hídrica para la Región Metropolitana”, agregando que “tanto los organismos públicos como privados debieran anteponer siempre el bien común por sobre la inversión”.
En tanto, la constituyente por el Distrito 23 e integrante de Modatima, Manuela Royo, expresó que “hablar de racionalización del agua da cuenta del conflicto de la escasez hídrica y de lo que estamos viviendo, pero no creo que esta deba ser destinada a la ciudadanía, sino que lo que hay que hacer es ponerle límites a las empresas que, por un lado, utilizan grandes cantidades de agua para sus actividades extractivistas y económicas, como AES Gener, los monocultivos de paltos y de forestales. Eso significa que tenemos que avanzar en algo mucho más profundo que un simple racionamiento, hoy día lo relevante es cambiar la estructura del sistema de agua chileno, desprivatizarla, asegurarla como un derecho humano y de la naturaleza para mantener su ciclo y su función ecosistémica”.
