Se calcula que desde su detección en España el pasado diciembre, la variante Ómicron del virus ha provocado más de medio millón de bajas laborales, y que a lo largo de toda la pandemia las prestaciones por Covid superan los cinco millones. Los efectos de esta cepa del virus son menos letales y, en efecto, castiga a muchas personas de forma leve y similar acomo lo hace una gripe. Sin embargo, los protocolos exigen que los casos positivos se sigan aislando, lo que entraña que deban solicitar las preceptivas bajas laborales, y eso está superando con mucho las previsiones del Gobierno. De nuevo el virus se ha anticipado a cualquier respuesta de nuestro sistema administrativo, y ahora la avalancha de bajas está sobrepasando a los médicos de atención primaria que han de concederlas, y también a las propias estructuras de la Administración que deben tramitarlas y pagarlas. Más allá de los riesgos de fraude y picaresca que entraña la concesión de bajas, por ejemplo, por vía telefónica, nada se ha habilitado para la agilización de este proceso. Y menos aún para automatizar las altas cuando el enfermo se repone. Otra vez, tarde y mal.
