Recurso a la decisión del Govern de pagar la defensa de los docentes que no acaten el 25% de castellano
gratuita a los profesores y directores que no cumplan las sentencias que les obligan a impartir un 25% de clases en castellano en todos los centros de la comunidad. Según han avisado hoy ambas entidades, este acuerdo fue acompañado de una «amenaza» a las entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña al prometer asegurar la prevalencia del catalán «a todos los niveles y por todas las vías».
Convivencia Cívica (CC) y Hablamos Español han presentado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que declare nulo del decreto del Govern de la semana pasada. Según han añadido en un comunicado difundido este lunes, este es el «paso previo» a exigir «responsabilidades penales» si se destina dinero público para financiar el «incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que defendemos los derechos de los castellanohablantes en Cataluña».
«El acuerdo es nulo de pleno derecho por dos motivos fundamentales: en primer lugar, es un acuerdo que se dicta para incumplir una sentencia firme (se proporciona asistencia jurídica gratuita a los profesores y directores que incumplan la Sentencia del TSJC en materia de lengua en la enseñanza) y se acuerda destinar dinero público para fines particulares», han destacado ambas organizaciones. Desde Convivencia y Hablamos Español ven además «gravísimo» que se utilice la administración catalana y sus recursos para «amenazar» a las entidades que defienden los derechos de los castellanohablantes en Cataluña.
De hecho, alertan de que el pasado martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, anunció el acuerdo del ejecutivo catalán asegurando que no se descartaba exigir también responsabilidades a quien «ataque» a personas o colectivos por la defensa del uso del catalán por la vía política, penal o administrativa, aviso que estas entidades pro-bilingüismo consideran una amenaza velada del ejecutivo autonómico. «El gobierno de la Generalitat está entrando en una espiral totalitaria cada vez más preocupante; el acuerdo que impugnamos es un paso más en esta espiral: se está acordando destinar dinero público para incitar y favorecer que profesores y directores de colegio incumplan sentencias firmes y vulneren los derechos lingüísticos de sus alumnos y para coaccionar y asustar a las entidades que defendemos el bilingüismo», destaca Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica.