La repulsi?n de la 4T a la institucionalidad y la legalidad toc? fondo con la demencial denuncia que el irresponsable morenista que preside la C?mara de Diputados present? ante la Fiscal?a General de la Rep?blica contra los consejeros electorales que votaron por la postergaci?n de onerosos pasos previos a la consulta sobre la revocaci?n de mandato.
Por fortuna el principal denostador del INE, Andr?s Manuel L?pez Obrador, descalific? la pretensi?n aunque, fiel a su estilo, demerit? el ejercicio insinuando un pase de charola para financiar encuestas que no tendr?an la misma validez constitucional.
En el sector p?blico, cada servidor tiene la facultad, la responsabilidad y el derecho de hacer lo que prev?n la Constituci?n y las leyes para que, en ?ltima instancia, su conducta sea sancionada por el Poder Judicial, y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprob?, por seis votos contra cinco, posponer acciones que se traducen en costos que, seg?n sus c?lculos, no puede sufragar el organismo.
Tan l?gica es su posici?n que, al resolver que el INE carece de atribuciones para posponer el proceso, el Tribunal Electoral exhort? a la Secretar?a de Hacienda tomar en cuenta los razonamientos del instituto para contar con el presupuesto requerido en un ejercicio pr?cticamente id?ntico a una elecci?n presidencial para: la contrataci?n de casi 32 mil 500 capacitadores a quienes debe pag?rseles mil 212 millones de pesos, la instalaci?n de 161 mil 490 mesas receptoras que importan mil 471 millones; una campa?a de difusi?n que cuesta m?s de 27 o la impresi?n de la lista nominal de electores, que significa una erogaci?n de casi 32 millones de pesos.
El capricho, disfrazado de revocaci?n para una innecesaria y vanidosa ratificaci?n, alcanz? niveles tan peligrosos para la legalidad que el intento de postergar la consulta lleg? a dos instancias inapelables del Poder Judicial federal: la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral.
?Qu? habr?a sucedido si sus respectivas resoluciones no hubieran coincidido en que deben continuarse los pasos hacia la consulta?
La repulsi?n que los cuatrote?stas le tienen a la legalidad implica un claro desprecio por la democracia ya que, en ?ltima instancia, tanto en el Tribunal como en la Corte, magistrados y ministros deciden por votaci?n.
?Por qu? fan?ticos como el estulto l?der diputadil vienen perfilando la inhabilitaci?n, el ?juicio pol?tico? y hasta el encarcelamiento de los consejeros electorales antes de agotarse los recursos legales de cualquier litigio?
Lo f?cil es cacarear la obligaci?n que tiene el INE de acatar la ley soslayando que carece de los recursos necesarios.
Con su misma l?gica, ?cu?ntos funcionarios debieran ser denunciados por no garantizar la seguridad p?blica, los medicamentos, la vivienda o la alimentaci?n, pese a ser ?stos derechos amparados por la Constituci?n?
?Qui?n pagar? por el desastroso riesgo que se corri? de dinamitar por dentro a uno de los tres poderes de la Uni?n??
Carlos Mar?n
cmarin@milenio.com
