En los papeles, reducir la inflación es un objetivo que no genera grietas. En términos políticos, el Gobierno define esta tarea como una prioridad porque es la contracara de la mejora del poder adquisitivo de los salarios, su principal mantra económico electoral. Sus posibilidades reales de avanzar en este sendero, no obstante, son mucho más complejas y escasas. Aunque parezca un contrasentido, la razón dominante es que no le conviene hacerlo, porque ha sido hasta ahora su principal herramienta para reducir el gasto público.
El Presupuesto 2022 (el texto que murió en el Congreso por el arrebato de Máximo Kirchner) estimaba para este año una variación de precios de 33%. Con un cierre cercano a 50%, nadie apostaba por el cumplimiento de ese número. Un integrante del gabinete nacional firmaba si se acercaba a 40%.
En la práctica, reducir diez puntos la inflación no es un mal plan, aunque conformarse con 40% no encuadra como aspiración políticamente correcta. Por lo pronto, Alberto Fernández consiguió que 2021 quede por debajo del 53,8% que tuvo Mauricio Macri en el último año de su mandato, aunque no por mucho.
El Ejecutivo ha dado varias señales de que en los doce meses que siguen su objetivo será "administrar" la inflación, más que frenarla. Las dos principales anclas del 2021, el congelamiento de tarifas y la devaluación del peso a un ritmo menor que el IPC, van a pesar bastante menos. El oficialismo se ocupó de anticipar que habrá aumentos de luz y gas cercanos a 20%, variación que será mucho mayor para aquellos que dejen de percibir subsidios. Y si bien están a la mitad de la inflación que calculan en off en algunos despachos oficiales, en el caso del gas implicará triplicar las cifras autorizadas un año atrás.
Con el dólar es probable que pase algo similar. El Banco Central puso sobre la mesa los objetivos para este año, y si bien ratificó que todo será ejecutado en un marco de extremo gradualismo, habrá tasas de interés positivas y una administración del tipo de cambio más cercana a la inflación. En el único frente en el que surge una definición algo más precisa es en el monetario. Si bien el equipo económico es un defensor de la "inflación multicausal", el FMI les pide reducir la emisión monetaria al Tesoro. Pero ese paso no será para bajar la variación a 33% sino para tenerla controlada en 40%.
El acuerdo con el Fondo, ya asumido como un hecho inevitable, requiere una reducción del gasto que solo se puede hacer habilitando aumentos por debajo de la inflación. Así funcionó en 2021 y este año la receta será igual. No es un ajuste, sino un crecimiento negativo. El beneficio de esta licuadora es que no hace ruido. Todo dependerá de quién maneje la velocidad de su motor.
