Proclaman su inocencia. «No somos narcotraficantes», repite Enrique Hidalgo mientras su compañera sentimental, Gema García, asiente. «¿Sabe la ruina que tenemos?», pregunta ella. «Un millón de euros en pérdidas. Era nuestro primer campo de cáñamo no textil con fines médicos y no hemos podido recoger el fruto. Hemos perdido los 150.000 euros de inversión en una finca de tres hectáreas y los 800.000 euros de la producción», se responde. «¡Qué necesidad tenemos nosotros de jugarnos la vida, el negocio, la cárcel... para ganar, ¿qué? ¿100.000 euros más?!», se cuestiona él. «Es verdad -admite- que no faltará algún gilipollas, pero en este negocio un 90 ó 95 por ciento de la gente tiene las explotaciones legales y está asesorada cien por cien. Nunca, jamás, van a meter entre medias una planta de marihuana porque te juegas todo».
Dicen que su caso no es único. «Hay más gente que ha ido o están en la cárcel por una situación idéntica». Enrique y Gema pasaron 31 días en prisión después de ser detenidos junto a un empleado por la Policía Nacional. Fue a mediados de septiembre, tras una denuncia anónima, por tener presuntamente un megacultivo de marihuana en Borox, en la comarca toledana de La Sagra, y por formar una banda organizada. Varias sacas guardaban 1,2 toneladas de cogollos de marihuana ya triturada, informó la policía, que desmanteló la explotación. Arrancaron con un tractor más de 12.600 plantas de cannabis sativa sativa, una variedad autorizada para el cultivo industrial del cáñamo, aunque la finca se dedicaba en realidad a la producción de la sustancia estupefaciente, según los agentes.
La pareja niega la mayor. «Tenemos todo en regla y estamos convencidos de que no vamos a llegar ni a juicio», vaticina Enrique. «De donde no hay, no se puede sacar. Que no se piensen que todas las plantas en el campo son marihuana», aclara Gema.
«Nosotros hacemos biomasa, que es el triturado de toda la planta; no separamos los cogollos. No nos escondemos -se defienden-. La planta entera la metemos en la trituradora y lo que sale es lo que mandamos a la farmacéutica, que debe analizar la biomasa y dar el ‘okey’. No le vas a colar droga porque el contrato te obliga a destruirla».
«Cuando nos acusan de tráfico de drogas, me imagino que no se hará con biomasa. Porque, si tú das a un camello o a un traficante un kilo de triturado de CBD, seguramente te dé dos tiros», suelta Gema.
El CBD es el cannabidiol, uno de los componentes de la planta del cannabis en la variedad del cáñamo y que no es psicoactivo. No así el THC, tetrahidrocannabinol, que altera la percepción y modifica el estado de ánimo. «La farmacéutica no quiere THC; quiere CBD», resume Enrique.
Dos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, en la plantación de Borox
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Policía Nacional
La pareja cuenta que están en la calle gracias al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas, Mauricio Daniel Hurtado, y a una fiscal cuyo nombre no recuerda. «Los dos, impresionantes profesionales y con dos o cuatro dedos de frente. Un señor que atiende, que escucha y que se dedica a impartir justicia», asevera Gema cuando habla del juez que los dejó en libertad provisional.
Ella y Enrique salieron de prisión el 18 de octubre, después del testimonio de un perito ingeniero agrónomo que su abogado llevó al juzgado. «Y que quede claro que no pagamos ninguna fianza, porque en el pueblo ya nos consideran narcotraficantes y van diciendo que hemos pagado entre 300.000 y 400.000 euros por nuestra libertad». Gema recalca la frase para acallar los comentarios desde que volvieron a pisar la calle, aunque deben comparecer en un juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
«La cárcel de Ocaña I es tercermundista; ratas debajo de las camas y agua caliente una vez a la semana»
Ahora, desde la distancia, hablan de su paso por la cárcel. «Ha sido nuestra primera vez», responden. «Nos metieron en un calabozo en Toledo dos días. De allí, a los juzgados de Illescas. En el número 7 nos encontramos con una juez que no tenía ganas de trabajar, una incompetente, y un fiscal... El 17 de septiembre nos mandaron a prisión, sin fianza, porque nos consideraban narcotraficantes y podíamos eludir los nueve años de prisión que ya nos están pidiendo por diez toneladas de marihuana. Aportamos toda nuestra documentación, pero no contrastaron ningún dato».
Enrique ingresó en Ocaña I. «Es una prisión tercermundista; ratas por debajo de las camas, agua caliente una vez a la semana. Estuve 31 días, 14 de ellos en aislamiento por el protocolo covid... Es como ves en las películas. Te mandan a un agujero, sin salir. Te pasan la comida, con un foco de luz, una ventana en lo alto y saliendo cinco minutos cada 48 horas para darte una ducha, volver y se acabó. Un camastro de hierro con un colchón de espuma; no hay sábanas, no hay toallas. Ocaña I es lo peor. Treintaiún días sin ver a la familia y, además, no estás preparado. Si estás haciendo algo malo, tu conciencia está preparada para asumir una cosa como ésa. Pero nosotros tenemos todo en regla».
«No he hecho nada, he ido a prisión de gratis», sostiene Gema, que pasó los mismos días en la cárcel, pero en la de Alcalá-Meco, a 100 kilómetros de Ocaña. «Encerrada en una habitación. Sólo te dejaban salir para hacer una llamada telefónica. Estuve en aislamiento por el protocolo covid. Fueron 17 días en un módulo con gente contaminada por coronavirus. Te ponen una bandeja de comida en el suelo, por donde pisa todo el mundo; sales y la recoges [...] De ahí pasé a un módulo de respeto después de unas entrevistas. Menos tiempo encerrada, pero da igual. La privación de libertad y el estado de ansiedad... Cuando eres culpable de algo, vas preparado. Pero, cuando tú tienes tu trabajo legal, un negocio con ilusión, invirtiendo en herramientas, en trabajadores, en dar de comer a familias, entra la policía y todo se cae. Entra como el Séptimo de Caballería y arrasa; sin ni siquiera escuchar explicaciones, ni siquiera quererlas».
«Porque yo se las ofrecí», tercia Enrique. «Pero [...] dijo que era marihuana y se acabó», continúa Gema, quien cita por su nombre al jefe del grupo de policías que entró en su finca. «Este hombre no debe dedicarse a hacer este daño; no es la primera familia que se lleva por delante. Antes que nosotros, se ha llevado a un montón de familias de la zona que han plantado cáñamo industrial con fines medicinales», asegura la mujer.
Permisos
Su empleado, «contratado y dado de alta en la Seguridad Social», no fue a prisión después de pasar por los calabozos de la comisaría de Toledo. Pero Gema y Enrique lamentan el «trato vejatorio» de la policía al trabajador, que dormía en la explotación y «lo sacó a punta de pistola».
A petición de ABC, la pareja se fotografía precisamente en su finca desierta de Borox, sin las más de 12.600 plantas frondosas que un tractor arrancó por orden judicial. Según la policía, el cultivo industrial del cáñamo escondía una plantación de marihuana. Enrique y Gema lo niegan rotundamente otra vez. «La policía cogió para su muestra la parte superior de las plantas más grandes y limpias de hojas, con lo que sube el nivel de THC. Pero debería haberlo hecho de la planta entera y de todas las plantas», explican.
Luego muestran la documentación de su empresa, Cultivos Biotécnicos Diversificados S. L., constituida hace casi un año para plantar cáñamo industrial con fines médicos. Y aportan el contrato con una farmacéutica, Ikupharma Bio Lab AG. «Uno de los requisitos imprescindibles es firmar un contrato con una farmacéutica para que te dejen plantar. Si no tienes un destinatario final, no debes plantar», subraya la mujer.
Enseñan también los permisos y otros requisitos en su poder para poder plantar, como la inscripción de la explotación en el Registro General de la Producción Agrícola (Regepa) de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. «La policía llegó alardeando de que no estábamos incluidos en el Regepa -recuerda Enrique-, pero luego les demostramos que nos inscribimos el 6 de noviembre de 2020 y entonces aparecían los datos de la producción».
Su abogado: «Habría sido mucho más razonable precintar cautelarmente la finca y esperar a contrastar los datos y los análisis. Fue una actuación policial precipitada»
Se detienen en explicar igualmente que cumplieron con otras obligaciones antes de sembrar la primera de las 15.000 plantas de su finca, puesta en marcha en mayo. Así, comunicaron por escrito al juez decano de Illescas lo que iban a cultivar y facilitaron igualmente los datos de su empresa, de las dos personas responsables, direcciones y teléfonos de contacto. Además, enviaron la misma información al puesto de la Guardia Civil de Borox, «donde lo sellaron»; a la Policía local y a la Alcaldía.
«Vino una inspección a la finca, con el jefe de la Policía local, un compañero, la alcaldesa y dos técnicas municipales, que comprobaron el estado de las instalaciones -recuerda la pareja-. Y en el acta que levantaron se refleja la presencia del trabajador, se hace constar todo lo que hay, incluidas las 15.000 plantas de cáñamo, y lo firman todos». Exhiben asimismo las fotografías topográficas de la finca que aportaron a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) para elaborar la documentación que les serviría para solicitar ayudas europeas de la PAC, un trámite que registraron el 17 de mayo por vía telemática.
El contrato
Mientras lo cuentan, Gema sostiene en sus manos el «acuerdo de intenciones» para la adquisición de la producción que ella firmó el 27 de abril con la farmacéutica Ikupharma Bio Lab AG, registrada en Suiza. A tenor del documento, esta firma comercial comprará la cosecha de cáñamo industrial de la variedad Sativa L a partir de semillas de cáñamo industriales certificadas. Su producto terminado «deberá consistir en flores secas para uso aromático y de coleccionismo y biomasa de cáñamo industrial de condiciones particulares de calidad, cuyo destino será el mercado suizo y europeo». «Si no estuviera así -afirma Gema-, directamente se pasaría a la destrucción por parte de las autoridades competentes».
En la cláusula sobre la venta y la calidad del producto, se indica también como condición ‘sine qua non’ un valor máximo de THC del 0,2%. El tetrahidrocannabinol es el componente psicoactivo de la planta; es decir, la alteración de la percepción y modificación del estado de ánimo. Y ese valor del 0,2% se determinará «mediante un análisis cualitativo de cada uno de los lotes en un laboratorio de referencia en el sector del cáñamo en España». Se especifica que el producto, una vez recogido, deberá ser secado, tratado y curado. Luego tendrá que ser envasado en bolsas de vacío, de 1 a 3 kilogramos, y almacenado en condiciones óptimas de humedad y temperatura hasta que sea transportado a las instalaciones de Ikupharma en Suiza.
Por cada kilo en condiciones óptimas, la empresa de Gema y Enrique iba a percibir doscientos euros, incluyendo el IVA y excluyendo los costes de transporte. Pero el 15 de septiembre todo cambió. «La teoría que utiliza [el jefe de los policías que estuvieron en su finca] se la hemos tirado por tierra. Y por eso estamos en la calle», asevera Enrique. «Se actúa de esa manera por desconocimiento y por una teoría equivocada. El error de esta gente [las fuerzas y cuerpos de seguridad] es que dicen que, cuando la siembra de cáñamo echa un cogollo, se convierte en marihuana. Independientemente del THC que tenga», expresa Enrique, que plantaba la variedad de semilla Fedora 17.
«El cáñamo se siembra idénticamente como la marihuana -continúa-. Necesita un metro y medio alrededor para que la planta se desarrolle. Luego la farmacéutica extrae de la flor, no de la hoja ni del palo, aunque se venda todo junto porque no se permite separarlo. Una planta de cáñamo es desde el principio hasta el final, eche o no cogollo». En este punto, Gema levanta su teléfono móvil y muestra una información en la que se lee: «El Observatorio Europeo del Cannabis acusa a la Fiscalía española de vulnerar el derecho comunitario sobre cogollos de CBD, y denuncia la ‘vulneración de los derechos fundamentales de los agricultores y empresarios’ del sector en auge». «Esto es muy importante», apunta ella.
Análisis de laboratorio
La pareja facilita también dos informes de resultados de las muestras tomadas por ellos mismos y estudiadas por la empresa Ananda, un laboratorio de análisis de cannabis radicado en San Sebastián de los Reyes (Madrid). «Arrojan que el nivel de THCes menor de 0,05% y los resultados dan negativo en marihuana completamente; las muestas no contienen droga», afirma Gema mientras lee los datos en voz alta.
Para su abogado, José Daniel Cabrera, «este caso atenta contra la lógica más elemental» y califica de «precipitada» la actuación policial. Para justificarlo, alude a los resultados de las muestras y a todos los trámites administrativos y notificaciones realizadas por sus clientes para poner en marcha su negocio. «Gracias a que tenemos jueces con dos dedos de frente», dice, sus clientes disfrutan ahora de libertad provisional. «Habría sido mucho más razonable precintar cautelarmente la finca mientras se hubieran contrastado los datos y análisis -sugiere-. Y no entrar a saco con las máquinas y derribarlo todo, como así se hizo, metiendo a estas dos personas en prisión. La policía, aquí, se precipitó completamente y no hay que dar por hecho que, por tener antecedentes policiales o penales, estoy delinquiendo. Cuidado con esto, que nos saltamos la presunción de inocencia todos los días».
