En enero de 2012, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, inauguraba en Madrid la segunda edición del Spain Investors Day, un foro organizado para “vender” la marca España a los grandes inversores internacionales. Soria destacó en aquel momento que el mercado laboral era el gran desafío del Gobierno. Dijo de él que estaba excesivamente fragmentado y que eso había contribuido a la destrucción de miles de empleos.
Había preocupación entre el auditorio por la rigidez de las relaciones laborales en nuestro país y, por supuesto, por la tensión que ya se vivía en los mercado de deuda soberana, después de los rescates económicos de Grecia (2010 y 2011), Irlanda (2010) y Portugal (2011). Soria adelantó, aunque no era su responsabilidad, que las líneas maestras de la reforma laboral irían por facilitar la contratación antes que el despido, reducir la enorme variedad de formas de contratación existentes y, cómo no, cerrar las enorme brecha entre contratos temporales e indefinidos. Nada diferente de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desvelado de las intenciones de la contrarreforma que liderarán Yolanda Díaz y Nadia Calviño.
Aunque los empresarios y los inversores internacionales no discuten las bondades de la reforma laboral de febrero de 2012 de Fátima Báñez (la OCDE advierte de los problemas de una posible modificación), la realidad es que el objetivo primordial para la que se hizo no se ha cumplido, aunque haya reducido algunas de la rigideces que se mantenían desde la reforma de 2010 siendo ministro del ramo Celestino Corbacho, quien también pretendió impulsar la creación de empleo estable.
De los más de 180 millones de contratos que se han firmado entre 2012 y septiembre de este año, apenas 16 millones, el 8,91% del total han tenido carácter indefinido. El resto, 164,3 millones, el 91,09%), han sido contratos temporales. Es decir, en los últimos diez año se han formalizado en España contratos para dar trabajo a la población actual conjunta de Reino Unido, Italia y Francia, pero solo para emplear a todos los habitantes de Holanda con carácter indefinido.
De los más de 180 millones de contratos que se han firmado entre 2012 y septiembre de este año, apenas 16 millones, el 8,91% del total, han tenido carácter indefinido
Solo en los nueve primeros meses del año se han firmado 13.790.763 contratos, de los que 1.458.080 eran indefinidos, incluidos los convertidos, que representan más un 40% del total en esta modalidad de contratación. El resto, 12.330.599 contratos suscritos tienen carácter temporal.
¿Significan estos datos que la mayor parte de los ocupados tienen un contrato con el final programado? No. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, a cierre del tercer trimestre de este año, había 16,9 millones de asalariados, de los que 12,5 millones (73,99% del total) tenían un contrato de duración indefinida y 4,4 millones (el 26,01%) uno temporal.
El problema es que esta proporción se ha mantenido así a lo largo de los últimos años y no tiene visos de cambiar por muchas reformas laborales que se aprueben en el Congreso de los Diputados. En 2012, año en el que entró en vigor la reforma que hoy sigue en vigor -y que una parte del Gobierno se ha propuesto derogar-, el porcentaje de asalariados con contrato indefinido era del 76,57% y el de trabajadores temporales, el 23,43%. Es decir el peso de los segundos ha ganado algo más de punto y medio, en detrimento del trabajo “estable”.
La economía española hace ya muchos años que es una economía de servicios. Hasta el punto de que algo más de las dos terceras partes del valor del Producto Interior Bruto a precios de mercado tiene su origen en este sector. Sus actividades están en buena parte íntimamente relacionadas con el turismo y éste, con la llegada del buen tiempo, especialmente en zonas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares o Andalucía. En algunas de estas regiones, la agricultura juega también un papel esencial en el empleo, pero siempre con carácter temporal en función de las necesidades de siembra o recolección de las cosechas.
A nadie puede extrañar por lo tanto que el número de contratos temporales firmados en los últimos diez años sobre el total de los suscritos se haya movido entre el 89,43% del pasado mes de septiembre y el 92,49% de 2012. Los contratos indefinidos han permanecido en una franja que va desde el mínimo de 2012, el 7,51%, y el máximo de septiembre de este año, el 10,57%.
La reforma de 2012 pretendió acabar con el encadenamiento de los contratos temporales y fijó un máximo de 24 meses para la suma de todos los suscritos con el mismo trabajador. A partir de esos dos años el contrato pasaría a tener la condición de “indefinido”. Ahora, el Gobierno propone limitar el máximo de personal temporal al 15% de la plantilla de una empresa. A tenor de la realidad los objetivos se nos antojan utópicos.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy fue la reducción de la indemnización por despido, que pasó de 45 días por año trabajado a 33, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de las 42 que fijaba la anterior normativa. También amplió las causas de despido objetivo (indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades), añadiendo la reducción de ingresos durante tres trimestres consecutivos por parte del empresario para facilitarlo.
Este abaratamiento del despido, muy aplaudido por las compañías multinacionales en su momento, tampoco ha tenido consecuencias en la realidad. El número de trabajadores despedidos se ha mantenido estable en el entorno de los 425.000 anuales, con mínimas oscilaciones. El número de empresas que han recurrido al despido, en alrededor de las 200.000 anuales. Curiosamente, ha sido mayor el número de trabajadores con contrato indefinido despedidos (alrededor de 190.000 cada año) que el de temporales (sobre los 155.000).
