La fiscalización, dirigida por la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional, con la participación del grupo de Asuntos Económicos, se desarrolló del 4 de enero hasta el 30 de junio. La mayoría de las irregularidades detectadas por los diputados están asociadas a deficiencias en el control interno, la seguridad y protección de las entidades y recursos, así como la implicación de directivos de base, funcionarios, especialistas y trabajadores en la comisión de hechos ilícitos.
