Coincidiendo con el estreno de la serie ‘La Fortuna’, de Alejandro Amenábar, inspirada en el caso Odyssey, sigue causando polémica el archivo del caso penal contra los cazatesoros de esa compañía en España porque los delitos han prescrito tras 14 años de atasco en el juzgado. Debido al cierre de la causa decretado por la Audiencia Provincial de Cádiz, han quedado impunes los delitos de hurto, contrabando y daños al patrimonio que se imputaban a la empresa de cazatesoros y a sus administradores de 2007.
Precisamente, el de los daños es uno de los flecos más incómodos para el Ministerio de Cultura. Porque para constatar y cuantificar el daño causado a un yacimiento era necesario que Cultura incorporase al sumario el informe preceptivo, una vez que una misión arqueológica comprobó el lugar del expolio.
El director de las misiones que empezaron en agosto de 2015 y se sucedieron en 2016 y 2017 fue el doctor Iván Negueruela, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. «Nunca me pidieron el informe -asegura a ABC-, ni antes ni después de las excavaciones. Si el director general de Bellas Artes necesitaba en 2015 un informe de los daños en el yacimiento de la Mercedes para un juzgado me lo habría solicitado por escrito, con el fin de conocer los daños hipotéticos que causó la empresa», asegura Negueruela. Y concluye: «Jamás he recibido ninguna comunicación para un informe como ese ni nada que se le parezca». Entre 1984 y 1993 Negueruela había sido director del Museo Arqueológico de Jaén y relata cómo allí sus superiores le pedían informes todos los años para los juzgados en los casos de expolio. Es la práctica habitual para que los delitos contra el patrimonio tengan consecuencias legales.
En agosto de 2015, al saberse que Cultura enviaría la misión dirigida por Negueruela al pecio de la Mercedes, el abogado de la acusación popular, José María Lancho, remitió un escrito al juez del caso solicitando, entre otras muchas cosas, que pidiera informes y fuera informado sobre «la labor del ROV de Odyssey o rastros de intervención mecánica efectuada con anterioridad sobre el yacimiento». También avisó a Cultura. En ese escrito, de verano de 2015, ya denunciaba Lancho «la pasividad, letargo y parálisis que sufre el procedimiento», y hablaba de «obstaculización política» y de «abandono de sus más elementales funciones» de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este caso, «buscando, obviamente, que el procedimiento perezca debido al transcurso del tiempo y a una posible prescripción del delito». Son palabras de hace seis años que, leídas hoy, resultan profécticas. El caso ha sido archivado y el delito ha prescrito.
La serie de Amenábar narra la lucha por defender el patrimonio de algunos funcionarios de Cultura. La ficción resulta hermosa y trepidante. En la realidad, sólo se luchó en el caso de los tribunales de EE.UU., pero resulta incomprensible la pasividad en el caso penal español. Al juzgado se enviaría una publicación oceanográfica, no un informe de daños. Y el daño causado por el robo del patrimonio quedó impune.
