El aumento de la presencia pública de mujeres en puestos de relevancia es uno de los objetivos declarados del Gobierno PSOE-Unidas Podemos. En los últimos cambios de ministros, Pedro Sánchez ha puesto en valor precisamente que su gabinete está “entre los más igualitarios del mundo”, concretamente en el sexto lugar entre los países con mayor proporción de mujeres en el gobierno.
Esa “paridad” no alcanza aún a todos los organismos dependientes del Gobierno de España. Es el caso de la “Comisión de trabajo para el asesoramiento forense sobre las actuaciones previstas para la exhumación y la identificación de los restos de personas en las criptas del Valle de los Caídos”.
El Consejo de Ministros adoptó en junio un acuerdo por el que creó esta comisión, que trabajará en el marco de un “proyecto de ejecución de habilitación de accesos a las criptas del Valle, y medidas para la dignificación de los osarios y la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista reclamados por sus familiares”.
El 12 de julio, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, firmó una resolución por la que designó a los vocales de la comisión para las exhumaciones de los muertos de la Guerra Civil que están enterrados en el Valle de los Caídos.
Los nombrados son Francisco Etxeberria y Francisco Ferrandiz, por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática; Elisa Cabrerizo, del Instituto de Medicina Legal de Granada, y Enrique Dorado, José Luis Prieto y Elisa Ruiz Tagle, del Instituto de Medicina Legal de Madrid, como personas con acreditado conocimiento y experiencia en labores de medicina y antropología forense; Rafael Bañón González, presidente del Comité Científico-Técnico del Consejo Médico Forense; Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses; y Vidal Santos Yusta, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.
El Chivato ha podido saber que al abogado Guillermo Rocafort Pérez, secretario de la Asociación Memoria Histórica “Raíces”, sorprendido porque de los nueve nombrados, sólo haya dos mujeres frente a siete hombres, ha dirigido una consulta, al amparo de la Ley de Transparencia, dirigida a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática.
En la solicitud, pidió una “aclaración de por qué no respeta la ley de paridad dicha Comisión porque apenas hay mujeres, violando la perspectiva de género de la Memoria Democrática”. Entiende el solicitante que esta comisión de asesoramiento “incumple notoriamente” la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En el artículo 54 de esa norma se establece que “la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas”.
La respuesta a la solicitud de Transparencia la ha firmado el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez Martín, que dice: “En relación a la aclaración que se solicita acerca del respeto a ‘la ley de paridad’, se informa que no forma parte de las competencias de esta Dirección General, en el contexto de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, la resolución de dudas concretas de naturaleza jurídica”.
Quien realizó la consulta, Guillermo Rocafort, apunta que tras la marcha de Carmen Calvo, en el área del Gobierno dedicada a la “Memoria Histórica y Democrática” existe “una evidente discriminación hacia las mujeres, si además constatamos que los altos cargos de esa área de la Memoria Democrática, el ministro (Félix Bolaños), el secretario de Estado (Fernando Martínez López), el director general (Diego Blázquez Martín) y el asesor ministerial principal en material de fosas (Francisco Etxeberria Gabilondo) son todos hombres”.
Por eso propone “una revisión de la paridad bajo el prisma de género de todos los organismos dependientes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, especialmente en los vinculados a esta área, al objeto de que se imponga la Ley de Paridad y no se toleren comportamientos discriminatorios y machistas hacia las mujeres en un área tan sensible como es la Memoria Democrática. No es admisible en un Estado de Derecho hoy en día que las Comisiones vinculadas a la Memoria Democrática sean focos irreductibles de la discriminación a las mujeres”.
