La agresión a un preso con enfermedad mental en la prisión de Villena y las posteriores amenazas a la subdirectora del centro penitenciario que custodiaba las cámaras se investigarán judicialmente. La secretaría general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, ha enviado la investigación interna al juzgado para que determine si los funcionarios han cometido un delito por la vía penal.
El pasado agosto tres funcionarios del centro penitenciario Villena II propinaron una paliza a un preso que se encontraba "en un programa para aquellas personas que tienen algún problema de salud mental", en palabras del director de la prisión. En septiembre, Instituciones Penitenciarias acordó abrir un expediente a los trabajadores, que aparecen en un vídeo registrado por las cámaras de seguridad agrediendo al interno, aunque un sindicato mantiene que fue el preso quién inició la agresión.
La versión de la agrupación 'Tu abandono me puede matar', que reclama más medios para los funcionarios de prisiones, fue que el interno había agredido a varios trabajadores, "a quienes molió a palos, patadas y puñetazos" y les provocó "lesiones diversas en ojo, frente, pómulos y antebrazos al intentar protegerse de los golpes".
En las vísperas de la declaración judicial por la agresión al interno, la subdirectora de seguridad del centro penitenciario, que custodiaba las imágenes de la cámara de videovigilancia, fue atacada a la entrada de su domicilio y recibió mensajes con amenazas. "Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra", recibió la agredida en su teléfono móvil, según publicó el diario Levante-EMV. Pocos días después de recibir las amenazas, sufrió el robo del teléfono móvil en la prisión. Pese a las amenazas, la responsable de seguridad declarón en el juzgado.
La respuesta de Instituciones Penitenciarias fue incoar un expediente a los funcionarios, que se encontraban de baja tras la agresión en agosto. En paralelo, se abrieron diligencias en los juzgados de Villena, una por el incidente dentro de la prisión y otra por la agresión a la mujer. Según confirma el Gobierno en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, "se ha procedido a incoar expediente disciplinario a los tres funcionarios por presunto comportamiento irregular con el interno y se han participado los hechos al Juzgado por si fuesen constitutivos de infracción penal". Respecto a la agresión a la subdirectora del centro penitenciario "se ha formulado la correspondiente denuncia que, en este momento, se encuentra bajo investigación".
La agresión al interno y a la trabajadora provocaron protestas en las puertas de la prisión en las que participaron representantes de Instituciones Penitenciarias. En paralelo, colectivos en defensa de los derechos de los presos como la Asociación Ámbit, denunciaron la falta de recursos en Salud Mental en las prisiones, un agujero negro en el sistema penitenciario. Su representante, el abogado Javier Vilalta, señaló a elDiario.es que la agresión "denota la carencia de recursos humanos cualificados y la falta de un protocolo de crisis en un brote de una persona con problemas de salud mental". "Las prisiones necesitan más ojos y más observadores para evitar estas situaciones", sentenció.
