La reunión de la mesa de diálogo que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat el pasado 15 de septiembre no dejó huella en ningún archivo oficial. Más allá de las fotos, las declaraciones y los apuntes en las agendas oficiales, el Govern no conserva ningún documento que atestigüe que Pedro Sánchez y Pere Aragonès, primero, y varios ministros y consellers después, se reunieron y conversaron durante varias horas. En una resolución oficial, la Presidència de la Generalitat ha respondido a este diario que el encuentro se llevó a cabo sin orden del día y que no se levantó acta del mismo, además de no conservarse ningún documento intercambiado durante el mismo.
"Dado que durante la reunión no se compartió ningún documento entre las partes y que no se estableció un orden del día ni se levantó acta de la reunión, y que, en consecuencia, la información solicitada no consta en la administración en ningún formato documental, no es posible reconocer el derecho de acceso a la misma", responde la resolución, firmada por el director de la Oficina del president, Sergi Sabrià. De esta forma, el Govern da carpetazo a una solicitud de acceso a la información pública realizada por este medio el día siguiente a la reunión.
Esta falta de registros oficiales se ha convertido en una tónica habitual en las reuniones de este tipo entre el Gobierno y la Generalitat. También en la última sesión de la mesa de diálogo, en febrero de 2020 y a la que acudió entonces Quim Torra, las partes acudieron sin un orden del día prefijado y tampoco se levantó acta de lo tratado. De hecho, la respuesta que entonces ofreció el departamento de la Presidència a elDiario.es es prácticamente idéntica a la recibida ahora. A efectos oficiales, la reunión no existió más allá de los apuntes en las agendas de los participantes.
La inexistencia de un orden del día choca además con la pretensión de la Generalitat, que durante las semanas previas al encuentro había urgido al Gobierno a cerrar una lista de temas para el encuentro. Un orden del día del que el propio Aragonès había subrayado la importancia solo unos meses antes. "La mesa de negociación es imprescindible. Hace falta fijar una fecha con urgencia y especialmente acordar el orden del día. No hay excusa que valga", escribió el president en junio, en un artículo publicado en La Vanguardia junto a Oriol Junqueras. De hecho, Aragonès también criticó la Conferencia de Presidentes autonómicos de julio pasado por no tener "orden del día ni trabajos previos", argumento que esgrimió para no asistir.
Respecto a las actas, que se levantara registro escrito de cada reunión ha sido una reivindicación del Govern prácticamente desde el inicio de los contactos, durante la legislatura de Torra, hasta el punto que tanto Junts como ERC reclamaban la presencia de un "relator", figura que acabó siendo descartada por la negativa de la Moncloa. Con todo, los republicanos mantenían antes de la reunión de septiembre pasado la necesidad de dejar reflejado el contenido de las conversaciones en documentos que pudieran servir para evaluar el avance de la negociación. Esta pretensión también fue descartada en la última mesa, donde las delegaciones acabaron pactando dar cuenta de los acuerdos y no del contenido completo.
Más dudosa es la inexistencia de documentación compartida, tal y como afirma la Generalitat, pues el Gobierno distribuyó de forma pública una copia de la actualización de la "Agenda para el Reencuentro", el documento abierto que Sánchez entregó a Aragonès durante la jornada. Se desconoce sin embargo si hubo otros intercambios durante la reunión entre ministros y consellers, donde el Govern afirma que no se utilizó documentación común alguna.
Desde que se iniciara el proceso de negociación bilateral, con la Declaración de Pedralbes de noviembre de 2019, el Govern ha ido girando su postura respecto a la publicidad y grado de transparencia que debe tener el diálogo. Si la parte catalana exigía al inicio un grado de conocimiento del contenido de las reuniones prácticamente total, en la última sesión el acuerdo fue celebrar encuentros "discretos", es decir, de los que no se daría cuenta puntual a la ciudadanía, sino únicamente cuando se produjeran acuerdos reseñables.
