En pleno proceso de renovación, el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa un borrador de sentencia que anticipa un nuevo éxito para Vox, en su intento de alterar algunas de las decisiones más importantes adoptadas por el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos. El magistrado Ricardo Enríquez, uno de los candidatos a hacerse con la presidencia del órgano de garantías, ha sido el encargado de redactar una ponencia de sentencia que, en caso de ser aprobada en su redacción actual, obligaría al ejecutivo de Pedro Sánchez a reactivar la financiación de los colegios que segregan por sexo, suspendida por la Ley Celáa. Algunas comunidades como Catalunya ya han anunciado que dejarán de financiar a este tipo de centros a partir del próximo curso. La sentencia, en caso de prosperar el texto del magistrado ponente, frenaría esos planes en seco.
El texto, cuyo debate está previsto para el próximo 26 de octubre, responde a un recurso presentado por Vox contra la Lomloe, la ley educativa conocida como Ley Celaá. El ponente propone una estimación parcial del recurso planteado por la formación de extrema derecha que declare inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que organizan a los niños y niñas en aulas separadas.
El borrador de sentencia redactado por Enríquez argumenta que el principio de libertad de educación y el criterio de los padres están por encima de los planes del Gobierno en el diseño de aquellos modelos educativos susceptibles de ser subvencionados. De prosperar la propuesta de sentencia, los conciertos públicos deberán extenderse obligatoriamente a cualquier colegio al margen de su proyecto educativo, incluso si optan por separar a niños y niñas en las aulas. Así las cosas, los centros que segregan por sexo podrán reclamar su derecho a subvención sin que el ministerio de Educación pueda hacer nada para evitarlo.
No es la primera vez que el TC aborda el asunto de los colegios que segregan por sexo. Lo hizo en 2018, dando su apoyo a la Ley Wert de 2013 y a la puerta abierta que ese texto dejaba para financiar a ese tipo de centros. En aquel momento el PSOE presentó un recurso pero el tribunal sentenció que la decisión no planteaba conflictos constitucionales. Los socialistas perdieron.
La diferencia ahora es que la ponencia del Constitucional que resuelve el recurso de Vox pretende dar un paso más: ya no se trata de decir que pagar a centros que segregan es constitucional sino que se afirma que no hacerlo, como establece la ley Celáa, está fuera de la Constitución. Según fuentes de la institución, la sentencia propuesta a debate obligará a este Gobierno y a los que vengan detrás a seguir pagando a instituciones dependientes de organismos como el Opus Dei que apuestan por la educación diferenciada
La ley Celaá, actualmente en vigor, prohíbe expresamente que los centros que tienen un concierto separen a su alumnado en función del género. Su disposición adicional vigésima quinta establece: “Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (…), y no separarán al alumnado por su género”. Esa parte de la ley es la que el magistrado Ricardo Enríquez quiere declarar inconstitucional.
La comunidad autónoma más beligerante con la subvención de modelos educativos como el que plantea el Opus Dei es Catalunya. Antes de la Ley Celáa ya trató de retirar el concierto a 11 centros que segregaban por sexo a su alumnado de Primaria, pero el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad obligó a la Generalitat a mantener los conciertos e incluso a ampliarlos durante seis años porque podría suponer una merma en sus ingresos y para no perjudicar -argumentaba- a los menores, que se verían obligados a cambiar de colegio y adaptarse al nuevo centro.
Con la ley Celáa como amparo el gobierno de Pere Aragonés ha vuelto a la carga y esta misma semana ha decidido no renovar el concierto a las 11 escuelas que siguen segregando en la comunidad, aunque solo podrá hacerlo en las etapas de Infantil, Secundaria y Bachillerato tras la anterior decisión del TSJC. El Departamento de Educación cree que ahora, con la Lomloe, están más “armados” jurídicamente. Ese parapeto está a punto de saltar por los aires si prospera el proyecto de setencia que ha redactado su actual ponente.
Pero en medio de todo esto se cruza el proceso en marcha para renovar el TC en virtud del acuerdo que acaban de alcanzar PSOE y PP y que determinará una nueva composición, todavía por conocer del órgano de garantías. Quien firma el borrador de sentencia, Ricardo Enríquez, es uno de los más firmes candidatos para hacerse con la presidencia de la institución, en la que seguirá habiendo una mayoría conservadora a corto plazo. La deliberación sobre la Ley Celáa está prevista para el próximo 26 de octubre y el pleno ya está convocado. Un día antes, el 25, el Congreso tiene previsto impulsar el nombramiento de los nuevos magistrados. Según fuentes del tribunal, los cambios no afectan al contenido de la ponencia pero sí al calendario: es más que probable que el pleno previsto para abordar la cuestión tenga que ser aplazado y sea una nueva mayoría la que afronte el debate.
Para entonces, habrá un nuevo presidente y un nuevo equilibrio: Del ocho a tres actual (incluyendo a Encarnación Roca, últimamente alineada con las propuestas de Vox), el nuevo reparto quedaría con siete magistrados en el bloque conservador, frente a cinco en el progresista. Con ese nuevo escenario es posible que la propuesta de Enríquez tenga que superar cierta suerte de debate que en los últimos plenos apenas se ha producido, tal y como señalan a esta redacción fuentes del tribunal. Si las dudas afloran, el ponente podría ser encomendado para elaborar una nuevo texto. El que está redactado y sigue sobre la mesa del tribunal dispone obligar al Gobierno a pagar a los colegios que separan a sus alumnos por sexos.
Según datos de 2018, en España hay 87 centros que separan a niños y niñas, la mayoría de ellos en Madrid, Catalunya y la Comunitat Valenciana.
