Una nueva publicación de CIPER reveló este domingo otro posible conflicto de interés que involucra al presidente Sebastián Piñera y su familia, tras la compra de otra inversión minera que se concretó en el mismo período de Minera Dominga. Hecho que lo mantiene en ascuas tras la presentación constitucional en su contra de parte de la oposición.
En concreto, se trata del Proyecto Imán, el cual consiste en 14 concesiones mineras ubicadas a 10 kilómetros al suroeste de Vallenar que se vendieron a un fondo de inversión en US$13 millones. Todo esto, durante el primer gobierno del jefe de Estado entre 2010 y 2012.
En ese fondo de inversión los Piñera Morel participaban a través del FIP Mediterráneo y tenían como socios a la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los dueños de Penta y amigo histórico del presidente Piñera, según consignó la investigación.
El problema apunta a que el dueño del proyecto, Arnaldo del Campo, fue nombrado por el mandatario como el representante como uno de sus representantes en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), cuando ya estaban en marcha las negociaciones para la compra del proyecto.
De esta forma, en el mismo periodo en que se cerró la compraventa de Dominga con la controversial cláusula que ahora investiga el Ministerio Público, los Piñera Morel entraban a otro negocio que expuso a la Presidencia a un conflicto de interés: participaron en la compra de un proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nombramiento del vendedor como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro.
Sin embargo, el Gobierno y Nicolás Noguera, ejecutivo de mayor confianza del Presidente y su familia, que también participó en la venta del Proyecto Imán, desestimaron que hubiese algún conflicto de interés.
Así desde la oficina del Presidente señalaron a Ciper que “El Presidente no participa desde 2009, hace 12 años, en la gestión o administración de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este último, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su administración”.
Mientras Noguera afirmó que “ni en la época de la inversión, ni cuando la prensa la difundió, ni actualmente, se consideró que existiese un conflicto de interés, ni tampoco legal, producto de quien era el vendedor de este conjunto de concesiones mineras en etapas tempranas de exploración”.
