Capitolio de La Habana, Cuba, sede del Parlamento. Foto: UNsplash / Polina Kuzovkova
Abrir una empresa privada es un viacrucis burocrático en muchos países del mundo, pero en Cuba era directamente utópico hace hace poco, cuando el gobierno comunista del presidente Miguel Díaz-Canel avanzó un paso más en su intento de modernización al darle visto bueno a la creación de empresas privadas.
La mayoría de tipos de empresas privadas han estado prohibidas durante más de 50 años, una acción que el gobierno de la Revolución Cubana tuvo que realizar como medida de protección contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y que ha empobrecido al pueblo cubano, según ha denunciado por décadas la Organización de las Naciones Unidas.
Ahora, después de cinco años de espera, este lunes 4 de octubre entró en vigencia un nuevo sistema legal que podría ampliar enormemente el alcance de las empresas privadas y darles una mayor seguridad jurídica en los esfuerzos por ayudar a una economía en crisis.
“Saber que puedo tener una empresa, un negocio en Cuba, en mi país, invertir, tomar riesgos en los mercados y que esto está sustentado por la ley (…) es una tranquilidad para mí”, dijo Carlos Gómez, de 35 años, quien es propietario de la productora audiovisual Wajiros Films. Su empresa ha realizado más de 35 filmes desde su fundación en 2017, entre los que destacan cortometrajes, largometrajes, videoclips y coproducciones internacionales. Ha tenido que funcionar bajo la figura de “colectivo de creación artística” pero no había podido tener una personería jurídica, cosa que ha de cambiar desde esta semana.
Sin personería jurídica, una empresa privada en Cuba no puede tener cuentas bancarias empresariales ni activos, y no pueden importar equipos.
A fines de agosto, las autoridades cubanas publicaron en el Boletín Oficial del Estado unas 20 normas que permiten y regulan a las pequeñas y medianas empresas, conocidas como Pymes, las cuales fueron eliminadas en 1968 en una ofensiva revolucionaria contra los últimos vestigios de la propiedad privada que, por entonces, estaba ampliamente extranjerizada.
En la década de los noventas, el gobierno de Fidel Castro legalizó de forma limitada el autoempleo por medio de la figura del cuentapropista, para hacer frente a una crisis económica del momento. Los líderes cubanos siempre se habían sentido incómodos con la actividad económica privada, describiéndola previamente como “un mal necesario” para brindar empleos y servicios que el Estado no podía proveer en tiempos difíciles.
El gobierno también se había quejado de la desigualdad asociada con el trabajo por cuenta propia, ya que un trabajador privado podía ganar mucho más que un trabajador estatal. Ahora, con esta apertura, se espera que el Estado vigile muy de cerca esta cuidadosa bienvenida al desarrollo de capital privado.
