De nuevo las reflexiones en voz alta del ministro Escrivá han provocado un lógico revuelo. Resulta asombrosa la capacidad que tiene el ministro para boicotearse a sí mismo y al Gobierno del que forma parte.
Aún resuenan sus palabras, generando alarma sobre el futuro de las pensiones, a las pocas horas de cerrar un importante y complejo acuerdo con sindicatos y patronales que, entre otras cosas, pretende generar certidumbre sobre el futuro del sistema público de Seguridad Social. El ministro se ha vuelto a autolesionar esta semana, en la víspera del debate en el Congreso del proyecto de ley que plasma ese importante acuerdo.
Me encuentro entre los inadaptados sociales que aún creen que la política es sobre todo pedagogía, pero un ministro o cualquiera que ostente una representación pública o colectiva debe tener claro que no es un poeta ni su verso es libre. Sus reflexiones "pedagógicas" deben ubicarse en el terreno de la política, que es distinto del que ocupa un analista o un poeta.
Ojalá estos "accidentes" de Escrivá sirvan para revalorizar la profesionalidad de la política. Nos hemos acostumbrado tanto a denigrarla y minusvalorarla que hemos olvidado que la política es una actividad que, como todas, requiere de una cierta profesionalidad. Suelen obviarlo quienes desde la tecnocracia populista se pasan el día disparando al "político".
En todo caso, este es un debate abierto, que sería un error obviar y mucho más hacerlo con trampas. Hay quien, arrimando la ascua a su sardina, ya ha salido en defensa de Escrivá argumentando que los datos respaldan su discurso. A pesar de que el propio ministro se ha "reinterpretado" a sí mismo a través de Twitter.
Escrivá constata un dato cierto: en España la tasa de ocupación de los mayores de 55 años es baja, sobre todo si se compara con la media de la Unión Europea. Para el ministro el factor fundamental que explica esta realidad diferencial es cultural. Aunque no ha concretado exactamente qué quiere decir con eso de cultural.
A partir de estos datos, algunos plantean un silogismo tramposo que los lleva a proponer un aumento en la edad legal de jubilación, más allá de la actual. Una medida que el propio ministro, en una de sus habituales aclaraciones y rectificaciones, ha descartado. Y la coalición de Gobierno en pleno ha rechazado.
Una vez más, a partir de datos ciertos, se construyen conclusiones tramposas. Que España tenga en la franja de edad de más de 55 una tasa de población ocupada inferior a la media de la Unión Europea tiene poco que ver con factores culturales. Y sí con un modelo de competitividad basado sobre todo en la reducción de costes laborales a cualquier precio y una legislación que promueve e incentiva económicamente el despido de las personas seniors y su sustitución por otros más jóvenes con menor coste.
Lo hemos comprobado hace poco con los ERE masivos del sector financiero. En la misma semana en que el ministro Escrivá insistía en penalizar la jubilación anticipada e incentivar la demorada, para así acercar la edad real de jubilación a la edad legal, grandes entidades financieras planteaban el despido y la jubilación anticipada de personas mayores de 55 años. En paralelo la ministra Calviño lanzaba reconvenciones morales a esos bancos para que modificaran su comportamiento.
Este es un caso de manual de cómo quienes auspician y promueven políticas en una determinada dirección luego se quejan de las consecuencias que provocan y buscan en terceros la responsabilidad de sus actos.
Las diferentes reformas laborales han ido facilitando, cada vez más, un despido descausalizado que en la práctica se ha convertido en libre y pagado, aunque cada vez con una indemnización menor. El último paso, dado por la reforma del PP de 2012, ha hecho desaparecer la autorización administrativa previa en los ERE, lo que favorece los ajustes empresariales por la vía de los despidos colectivos. Se ha promovido la subcontratación precarizadora, facilitando el despido de las plantillas seniors de las grandes empresas y la externalización de su trabajo a empresas subcontratadas con personas con un salario muy inferior. Se ha regulado la primacía del convenio de empresa respecto al sectorial, que en muchos casos está sirviendo para externalizar producción, costes y riesgos.
En definitiva, nuestra legislación laboral incentiva cada vez más las estrategias de reducción de costes a partir del despido de las personas de más edad. Una actuación que en el caso de las empresas cotizadas suele hacer subir su valor en los mercados bursátiles y de rebote los incentivos que cobran sus directivos.
Si se quiere promover la continuidad voluntaria de la actividad laboral entre las personas de más edad, ahora hay una oportunidad. La reforma de la legislación laboral debería desincentivar estas prácticas empresariales. Lo que no se puede hacer es promover el despido de las personas seniors y su sustitución por jóvenes más baratos para luego quejarse de la baja tasa de ocupación a esas edades y al final plantear la penalización del acceso de estas personas a la jubilación.
Hay otro factor sociológico a tener en cuenta: el tipo de trabajo y las condiciones personales en las que se llega a la edad de jubilación son determinantes para las decisiones que se adoptan. Ni todas las vidas laborales ni todos los trabajos son iguales, por eso no pueden ser tratados por la ley con mentalidad fordista y una regulación que pretenda uniformizar lo que es diverso.
Afortunadamente, nuestro sistema de Seguridad Social ha ido incorporando, a través de los acuerdos de concertación social, niveles importantes de flexibilidad en el acceso a la jubilación.
Siempre se puede intentar una mejora en los incentivos para prorrogar voluntariamente la edad de jubilación, pero me temo que eso no va a modificar sustancialmente las decisiones de las personas.
A quienes llegan agotados o quemados a la edad de jubilación, ningún incentivo les compensa continuar trabajando. Y a quienes tienen la suerte de disponer de trabajos que les motivan, los incentivos económicos no son fundamentales en su decisión de dar continuidad o no a su actividad laboral. Lo que sí resulta determinante es acabar con los incentivos legales que facilitan y promueven la estrategia empresarial de reducción de costes a partir del despido de las personas mayores.
Alerta pues, no sea que, camuflado entre los tropiezos políticos de Escrivá, nos cuelen un debate en el que, a partir de datos ciertos, se pretenda llegar a conclusiones tramposas. Dificultar el acceso a la jubilación de las personas seniors, despedidas para reducir costes laborales, sería tanto como penalizar doblemente a las víctimas. Y eso tiene un nombre.
