La investigación abierta por un juzgado de instrucción de Zaragoza sobre la entrada del líder Polisario Brahim Gali es una sombra que se extiende día tras día sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La Moncloa quiere que la exministra de Asuntos Exteriores sea el cortafuegos donde acaben las posibles responsabilidades penales por hechos que el juez califica como delitos de encubrimiento, prevaricación y falsedad documental. Por el momento, el juez ha ido directo al núcleo del antiguo equipo de Exteriores, atribuyendo la condición de investigados a la propia González Laya, pendiente de prestar declaración, y a su director de gabinete. Sin embargo, una cierta lógica política permite pensar que una decisión tan trascendente, como la de permitir la entrada supuestamente ilegal de un dirigente del Frente Polisario que tenía una causa pendiente en la Audiencia Nacional, no fue tomada aisladamente por González Laya y su equipo. Por lo pronto, altos mandos del Ejército del Aire estaban al corriente de la entrada de Gali en España, lo que ya sitúa este incidente en el ámbito del Ministerio de Defensa. La misma lógica permite suponer que, para asegurar la clandestinidad con la que entró en España, Brahim Gali contaría con un despliegue de seguridad en su desplazamiento desde Zaragoza al hospital de Logroño, donde fue atendido. Y esto apunta al Ministerio del Interior y a su maltrecho titular, Fernando Grande-Marlaska.
La operación de salvar a Sánchez a toda costa está en marcha y ninguna explicación es buena para dejarlo fuera de la polémica. Si estaba al tanto de que Gali iba a entrar en España, su empeño en endosar la responsabilidad a González Laya acabará generando en su exministra una respuesta imprevisible. Y si González Laya asume con lealtad el endoso, nadie puede garantizar a Sánchez que no sean otros los que hablen. Si Sánchez no estaba al tanto de la entrada de Brahim Gali, con las consecuencias diplomáticas que iba a acarrear en las relaciones con Marruecos, solo cabe concluir que el presidente del Gobierno no sabe o no puede coordinar a sus ministros, algo que ya se ha hecho evidente en otros muchos episodios.
La evolución de la causa penal con González Laya y Villarino es una incógnita que debe preocupar en La Moncloa. La independencia judicial se revela con toda su intensidad en este tipo de asuntos, e irrita a quienes perciben esa garantía constitucional de la Justicia como una amenaza a su impunidad. El resultado final del proceso penal abierto por el juzgado de Zaragoza es, en este momento, algo secundario, porque aún le queda tiempo. Lo importante es la información que la instrucción judicial va aflorando sobre la serie de maniobras que se urdieron para que Gali entrara en España clandestinamente, con identidad y documentos aparentemente falsos. La declaración de González Laya influirá en buena medida en la orientación de las decisiones judiciales. Y entre estas no hay que descartar la implicación futura de alguna persona aforada, porque la exministra de Exteriores, quien tampoco es parlamentaria, no tiene aforamiento en la actualidad. Si aparecieran indicios contra otros miembros del Gobierno, el juez de instrucción tendría que remitir una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que asumiera la competencia.
No basta con decir que «había que salvar la vida de Gali» para justificar lo sucedido, como hizo Sánchez para ponerse de perfil, porque se pueden salvar vidas y, al mismo tiempo, cumplir con la ley. Para traer a Gali o, por ejemplo, para combatir la pandemia sin violar la Constitución.
