Nuevo capítulo en el caso de acoso y abusos que sacudió el pasado mes de febrero el Institut del Teatre de Barcelona: tras meses de investigación, el centro ha puesto a disposición de la Fiscalía de Barcelona el expediente disciplinario abierto a uno de los docentes señalados por los alumnos al haber identificado indicios de acoso sexual en su comportamiento
, según ha informado este jueves la institución en un comunicado.
La noticia llega después de que una investigación periodística del diario 'Ara' destapase presuntos casos de abuso de poder y acoso sexual por parte de varios profesores el centro, unas revelaciones que forzaron la dimisión de la directora del centro, Magda Puyo. Ahora, el centro ha ido un poco más allá y pide a Fiscalía que determine si existe responsabilidad penal en el profesor, identificado como Boris Dausà.
Según indica la nota publicada por el centro formativo, la Comisión de Prevención y de Investigación de Acosos Sexuales
del Institut «abrió la investigación a partir de una instancia presentada por un alumno, y desde ese momento se apartó el docente de las aulas como medida cautelar.». Una vez finalizada la instrucción por parte de la Diputación de Barcelona, y dado que se han confirmado los indicios de acoso sexual, se ha procedido a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
A partir del informe, la comisión también determinó abrir expediente disciplinarios a dos docentes más de la institución: uno por conductas inapropiadas en el aula y otro por una falta grave por práctica docente invasiva.
En el primer caso, que se correspondería a Joan Ollé, se ha producido la suspensión del expediente a causa de la jubilación del docente, y ante este hecho y la imposibilidad por parte del Institut del Teatre de aplicar el régimen disciplinario administrativo para sancionar a personas que no forman parte de la plantilla, «está valorando» la posibilidad de emprender acciones por vía judicial.
Sobre el expediente de falta grave por práctica docente invasiva, se ha determinado la suspensión de empleo y sueldo del docente por un periodo de dos meses y seis días, de modo que la sanción está pendiente de ejecución a la espera de la finalización del periodo de alegaciones.
