La Abogacía del Estado ha accedido como acusación pública a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el productor de televisión José Luis Moreno y otras personas ante la estafa que se presume no sólo a los bancos, sino también al erario público mediante líneas de crédito ICO, ayudas a Pymes por la pandemia y préstamos participativos.
En concreto, representará a la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), que se dedica a este tipo de préstamos para la promoción de la pequeña y mediana empresa de los que se habrían beneficiado dejando impagos sociedades de la trama investigada que en algunos casos, no tenían actividad para acceder a esas ayudas.
De acuerdo a la documentación de la causa a la que tuvo acceso ABC, la abogada del Estado Rosa María Seoane solicitó entrar en la causa a principios de mes y el juez instructor Ismael Moreno resolvió favorablemente a su petición la semana pasada.
Empresa de capital público, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección General de Industria y de la PYME, Enisa se dedica a la búsqueda y utilización de nuevos instrumentos financieros de apoyo a las Pyme que van desde los mencionados préstamos participativos a líneas de ayuda para la recuperación de la actividad tras la pandemia.
Según los informes policiales que obran en el sumario de la causa, conocida como operación Titella, los distintos involucrados en la trama utilizaban «cualquier operativa bancaria que les pueda proporcionar beneficios económicos». «Se están beneficiando de los Créditos ICO que se están concediendo a raíz del COVID 19, dado que dicen que son los más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos», exponían en enero los investigadores.
Las escuchas revelaron varios ejemplos, como el de una línea de ayudas para empresas agrarias en Murcia de la que se habrían beneficiado no teniendo derecho a hacerlo y que concedía la propia Enisa, tal y como refleja la memoria de la empresa pública del año pasado.
