La crisis migratoria está lejos de acabar, al contrario, se agudiza cada día más. Así lo cree Javier García, alcalde de Colchane, una de las comunas más afectadas con este fenómeno sin precedentes para nuestro país pero con el que día a día estamos más familiarizados.
En conversación con nuestro medio, la autoridad señaló que diariamente entran más de 200 personas migrantes a la comuna, lo que ha agravado la situación que ya se vive hace años en Colchane, incluso, García sostuvo que están cerca de la crisis producida en febrero de este año.
Tal es la situación, que se han registrado hechos de violencia en el pequeño municipio perteneciente a la Región de Tarapacá: destrozos, robos y saqueos se han producido debido a las malas condiciones en que se encuentran quienes han llegado a la comuna.
“Las últimas semanas, desde agosto, se ha visto incrementado el flujo migratorio en nuestra comuna. Lamentablemente esto ha traído aparejado los constantes hechos de violencia con los que inmigrantes ingresan a las casas saqueando, robando abrigos, alimentos, destrozando espacios públicos y privados. También hemos evidenciado, en los últimos meses, constantes actos de barricadas en la ruta 15-CH por grupos de inmigrantes, principalmente venezolanos, que, producto de la desesperación, obligan a los vehículos a que los trasladen a Iquique”.
Javier García
Ante esto, García es categórico: el Gobierno ha fallado en su política migratoria, pues, según el mandamás de Colchane, el Ejecutivo se ha enfocado solo en medidas represivas las que, evidentemente, han fracasado.
“Hemos evidenciado un aumento significativo del personal militar ya que se han fijado cuatro puntos de control pero, en la práctica, los efectos de aquello lo sufren los pobladores de Colchane, porque el personal militar ha realizado actos de hostigamiento traducido en controles constantes a los vecinos, no así respecto de los inmigrantes, que ingresan sin ninguna dificultad”.
Ante esto, García hizo hincapié que con el arribo de los militares a la comuna se desconocen los convenios internacionales que Chile ha firmado, como el 169 de la OIT, que garantiza la comunicación entre los pueblos indígenas independientemente del territorio nacional en que se encuentren.
“Aquí el Gobierno se ha equivocado, por ejemplo, con la militarización de la frontera, desatendiendo y desconociendo la existencia de pueblos indígenas amparados en el Convenio 169 de la OIT y desconociendo el derecho a la comunicación entre los mismos pueblos como son los que están en el país hermano de Bolivia. La militarización de la frontera no ha sido efectiva en la práctica para impedir el ingreso indiscriminado de inmigrantes, por tanto, la estrategia represiva no ha sido eficaz”.
“Creo que el Gobierno no ha tratado este fenómeno migratorio desde todas las aristas posibles, ya que aquí estamos en presencia, evidentemente, de una crisis humanitaria sin precedentes pero también se están vulnerando derechos indígenas, sobre todo, de una población pequeña que no cuenta con la capacidad de respuesta, que no cuenta con servicios básicos así como tampoco con la seguridad, cuestión que no ha sido atendida, por parte de la autoridad, para los pobladores de Colchane, lo cual se ha traducido en despoblamiento de localidades”, agregó el alcalde.
En ese sentido, Javier García pidió a La Moneda que utilice estrategias más efectivas para poder controlar la llegada de migrantes, pues las medidas represivas no han tenido efecto y, por lo mismo, llamó a que se realice un trabajo diplomático con los países vecinos para resolver, en conjunto, el fenómeno.
Por su parte, el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, también se refirió a la crisis migratoria. La autoridad denunció el desalojo en un campamento de Tocopilla, principalmente habitado por personas migrantes, lo que demostraría el fracaso de la política migratoria del Gobierno.
Al respecto, la autoridad afirmó que el camino de la violencia no resuelve la crisis migratoria que se vive en el país.
“Nosotros como gobierno regional hemos ayudado y adjudicado recursos de emergencia para habilitar un espacio al norte de la ciudad para la toma de PCR y el control de la migración, pero los desalojos que está llevando este gobierno agravan más la situación sanitaria de la comuna. Los conflictos sociales no se resuelven con violencia”, sostuvo el gobernador nortino.
Ricardo Díaz
Bajo la misma línea, Díaz llamó a relocalizar a las familias desalojadas pues, de no ser así, la necesidad hará que ocupen espacios públicos lo que desencadenaría una seria amenaza sanitaria, tomando en cuenta, sobre todo, la variante Delta del coronavirus.
“El Plan de Fronteras Seguras no concuerda con la realidad que vivimos en el Norte Grande, este plan regula espacios habilitados, pero acá la situación se ha desbordado por espacios no autorizados”, manifestó el gobernador.
