Daniel Ortega, de 76 años, sigue con su particular cruzada de detenciones antes de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las que aspira a encadenar su cuarto mandato presidencial consecutivo (y quinto en total). Esta vez le ha tocado el turno al disidente sandinista Irving Isidro Larios Sánchez, acusado de «conspirar y pedir intervenciones militares».
El lunes, día de su detención, la Policía Nacional de Nicaragua también acusó al sociólogo, que forma parte de la opositora Articulación de Movimientos Sociales (AMS), de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos».
La detención de Larios se suma a la de otros 36 opositores políticos, incluidos siete candidatos a presidir el país centroamericano, desde el pasado 28 de mayo. Pese a que aún la Policía no ha mostrado ninguna prueba sobre los cargos por lo que se acusa a Larios, las detenciones se enmarcan bajo la acusación de ser «traidores de la patria». Quedan inhabilitados automáticamente para ejercer cualquier cargo público con penas de prisión de entre 10 a 15 años.
Antiguos compañeros
La denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz fue aprobada, apresuradamente, a finales del año pasado, por 70 votos a favor frente a 14 en contra, en la Asamblea Nacional de Nicaragua cuya mayoría ostenta Ortega. Esta nueva legislación fue criticada por Josep Borrell, Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, al que se unió Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que advirtió que la iniciativa legislativa limita el derecho de los nicaragüenses «a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición en lugar de una elección».
Además, Larios de 63 años, que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza derrocada por los sandinistas en 1979, es investigado «por organizarse con financiación de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones». El último detenido formó parte de la revolución de Ortega integrando el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1977. Llegó a encargarse de la seguridad del Estado dentro del Ministerio del Interior. Larios, además, llegó a ocupar el puesto de primer secretario de la embajada de Nicaragua en Costa Rica, se apartó del Frente Sandinista y pasó a formar parte de los que ayudaron a Ortega en sus inicios para unirse a los críticos contra el presidente.
Su detención recuerda a la de los históricos exguerrilleros sandinistas Hugo Torres y Dora María Téllez de hace tres meses. Ortega reafirma su estrategia de persecución contra los compañeros que le ayudaron a llegar al poder, en su momento, pero que cambiaron de parecer desde las manifestaciones de 2018 en la que se registraron más de 300 muertos. Torres participó en dos operaciones del Frente Sandinista contra la dictadura de Somoza interviniendo en un operativo en el que se exigió la liberación de varios presos políticos, entre los que se encontraba Daniel Ortega.
