KUALA LUMPUR – Mientras los países en desarrollo luchan por hacer frente a la pandemia y sus impactos, corren el riesgo de retroceder aún más debido a las políticas fiscales restrictivas. Estas fueron impuestas por los países ricos que ya no las practican, si es que alguna vez lo hicieron. En su lugar, el Sur global necesita urgentemente políticas audaces que garanticen una ayuda, una recuperación y una reforma adecuadas.
Los gobiernos deben movilizar y desplegar los recursos de forma sostenible y justa, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Ante la negativa de los países ricos a ayudar más, es crucial una financiación gubernamental adecuada.
Los impuestos suelen ser una forma más sostenible, eficaz y responsable de recaudar recursos fiscales para los gobiernos. Pero la pandemia ha impuesto exigencias extraordinarias que requieren un gasto masivo y urgente.
Las autoridades nacionales pueden generar recursos fiscales de dos maneras principales: recaudando ingresos o pidiendo préstamos. El endeudamiento del gobierno es generalmente necesario, ya que los ingresos se han visto afectados por la desaceleración.
La movilización masiva de recursos fiscales y el gasto adecuado son necesarios para contener el contagio y evitar que las recesiones temporales, por ejemplo, debidas a los confinamientos y los cierres de actividades, se conviertan en debilitantes depresiones prolongadas.
La política fiscal implica tanto la generación de recursos como el gasto del gobierno. Pero los países en desarrollo han sido mucho más conservadores en el gasto en comparación con los ricos. Estos últimos han introducido paquetes de ayuda y recuperación mucho más audaces.
A corto, medio y largo plazo, tanto el gasto público como los impuestos deben ser progresivos, aquellos que establecen que a mayor nivel de renta, mayor el porcentaje tributario sobre la base imponible. Mucho depende de cómo se recauden y gasten los ingresos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta tanto los impuestos como los gastos.
Los gobiernos deben desarrollar rápidamente formas progresivas de financiar el gasto masivo necesario para proteger tanto las vidas como los medios de subsistencia. En las últimas cuatro décadas, muchos gobiernos redujeron los impuestos directos progresivos, adoptando en su lugar impuestos indirectos regresivos.
El aumento de los tipos impositivos sobre los ricos hizo que la fiscalidad directa fuera progresiva, vale decir, gravaba más a quien más ganaba del sistema. La regresión se debió principalmente a los grupos de presión de las élites poderosas, incluidos los inversores extranjeros.
Las influyentes instituciones financieras internacionales de Bretton Woods, concentradas en Washington, lideraron esa promoción a favor de las rentas altas a todos los niveles.
Los ingresos de los ricos proceden principalmente de los activos, más que de los salarios, sueldos o pagos por bienes o servicios. Sin embargo, los tipos impositivos que gravan a las personas con salarios elevados, así como las rentas de la propiedad, de las herencias y de las empresas, han disminuido en la mayoría de los países.
La riqueza a menudo no se grava, o solo se grava ligeramente a tipos más bajos. Las nuevas normas permiten ahora trasladar y ocultar los activos en el extranjero.
Un solo dato: dependiendo de cómo se calcule, hay entre ocho y 35 billones (millones de millones) de dólares en paraísos fiscales, lo que oculta la concentración de la riqueza y la desigualdad.
La fiscalidad puede reducir las desigualdades existentes, pero rara vez lo hace a pesar de la presunción generalizada de que los impuestos son progresivos en general. Peor aún, la mayor parte del gasto estatal es regresivo y eso lo mitiga poco un gasto social muy publicitado.
Difíciles de medir, los efectos de la pandemia de covid-19 sobre las distintas desigualdades varían considerablemente. Sin embargo, el círculo vicioso que conecta la desventaja económica con la vulnerabilidad ha agravado las disparidades.
Para ser equitativa, la fiscalidad debe ser progresiva.
Los sistemas fiscales más equitativos deberían obtener más ingresos de los más capaces de pagar, reduciendo al mismo tiempo la carga de los más necesitados. Los impuestos sobre el patrimonio son la forma más progresiva de recaudar ingresos y, al mismo tiempo, de reducir las desigualdades.
Los impuestos directos sobre el patrimonio y las rentas son potencialmente progresivos.
Los tipos progresivos y las exenciones para los pobres pueden garantizarlo. Se pueden aumentar los tipos bajos sobre las rentas de la inversión y los activos como la propiedad, el patrimonio y las herencias.
Además de reducir las desigualdades, pueden financiar un gasto progresivo.
Gravar los beneficios inesperados y excesivos no solo es pública y socialmente aceptable, sino que también puede recaudar fondos considerables.
Algunas empresas y personas se han beneficiado enormemente durante la pandemia, por ejemplo, los multimillonarios estadounidenses se han enriquecido, según se informa, en más de un billón de dólares durante el último año y medio.
A largo plazo, una fiscalidad progresiva implica una menor dependencia de los impuestos indirectos, como los impuestos sobre las ventas o el consumo, incluido el valor añadido, o el impuesto sobre bienes y servicios, que gravan mucho más a las personas con menores ingresos.
También hay que disuadir la evasión fiscal de los ricos.
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Las empresas que utilizan los paraísos fiscales para pagar menos pueden ser penalizadas, por ejemplo, inhabilitándolas para todos los contratos gubernamentales y de empresas estatales. Así, los sistemas fiscales pueden hacerse más progresivos mejorando su diseño y con una aplicación estricta y equitativa.
Garantizar una recuperación equitativa requiere reformas sistémicas urgentes. Aunque es improbable que se obtengan muchos más ingresos a corto plazo debido a la desaceleración económica, introducir esas reformas ahora será políticamente mucho más fácil.
Los impuestos pueden transferir recursos fiscales de los ricos a los necesitados. Los que viven en la precariedad, incluidos los que ahora están en riesgo debido a la pandemia y sus amplios impactos, necesitan ayuda urgentemente.
Pero la financiación de la ayuda y la recuperación proporciona liquidez, evitando la contracción y el estancamiento económico prolongados.
En muchos países, parte del gasto en ayuda por la pandemia ha sido acaparado por las personas políticamente bien conectadas, ya que las élites políticas y sus allegados aprovechan las nuevas oportunidades lucrativas. Esto compromete tanto a la ayuda y la recuperación, como también los esfuerzos de reforma.
Cuando el socorro y la recuperación se tratan como medidas puntuales y temporales, es poco probable que aborden los problemas anteriores a la pandemia, incluidas las desigualdades. En cambio, los gobiernos deberían utilizar la crisis para avanzar en las soluciones de los ODS a medio y largo plazo.
La cooperación internacional puede ayudar, pero los países ricos que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se han centrado durante mucho tiempo en abordar la evasión fiscal en el extranjero para asegurarse más ingresos.
Hace una década, amplió su atención, pero siguió insistiendo en su propio liderazgo a expensas de los países en desarrollo. De este modo, ha bloqueado de forma efectiva la cooperación fiscal multilateral durante décadas, ignorando el firme mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en varias cumbres sobre Financiación para el Desarrollo y otras.
Siguen siendo urgentes las reformas fiscales internacionales equitativas. Pero estas se han visto socavadas por reformas anteriores que fomentan los flujos de fondos transfronterizos, permitiendo los flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo.
Aunque es poco probable que se obtengan muchos ingresos durante algún tiempo, la propuesta de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre el impuesto mínimo de sociedades a nivel mundial, merece un fuerte y cualificado respaldo.
Los países en desarrollo deben asegurarse de que las empresas transnacionales estén más y mejor gravadas, en lugar de la actual propuesta del Grupo de los Siete (G7) de grandes potencias, a favor de un tipo bajo.
Los ingresos deben distribuirse en función del lugar de producción y de consumo, y no solo del lugar de venta, que es lo que beneficia a las economías ricas.
Para controlar eficazmente los abusos fiscales también es necesario el acceso a la información financiera y unas normas comunes, equitativas y transparentes, no las impuestas por los ricos.
Pero estos logros solo pueden lograrse a través de un multilateralismo liderado por la ONU en el que los gobiernos de los países en desarrollo participen de igual a igual.
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