A Diego le picó la mosca detrás de la oreja en sus paseos, en las salidas al supermercado y en los trayectos de casa a la estación. "Esto ha sido un poco patear la calle. Vi que muchas obras las hacía Licuas. En Tres Cantos casi nunca ponen carteles con el presupuesto y la constructora, pero yo veía al personal y las vallas y siempre se adjudicaban a esta empresa", cuenta. "Sospechando que recibía demasiados contratos, acudí a la plataforma de contratación del Estado. Y luego leí en prensa que estaba asociada a la financiación ilegal del PP".
Diego, un vecino del municipio que prefiere no dar su nombre real, se puso manos a la obra. Se juntó con otro vecino habilidoso en el tratamiento de datos y juntos rastrearon no solo la plataforma de contratación —que incluye información de licitaciones a nivel estatal, autonómico y local—, sino también el portal de transparencia municipal, que entre 2015 y 2019 estuvo desactualizado. "Algunas personas reclamaron en Twitter que se actualizara. A principios de 2020 el Ayuntamiento lo hizo, publicando los convenios, contratos menores y concursos públicos. Aun así, hemos detectado anomalías: los contratos se publican en PDF, hay que convertirlos a excel uno a uno, limpiar duplicados...", relatan.
Tres Cantos es uno de los diez municipios con mayor renta de España y uno de los 47 ayuntamientos madrileños con mayoría absoluta del PP. Maneja un presupuesto anual aproximado de 50 millones de euros y es urbanísticamente reluciente, con el pavimento siempre impecable y los jardines muy cuidados (como ha criticado alguna vez la oposición, "hacen poco mantenimiento y después lo remodelan todo para dar más dinero a las empresas"). El alcalde, Jesús Moreno García, lleva en el cargo desde 2012, cuando entró para sustituir a José Folgado para que este, ya fallecido, presidiera Red Eléctrica. Después ganó las elecciones de 2015 y las de 2019.
Licuas es una compañía de infraestructuras, obra e ingeniería civil. Una de sus áreas de actividad son las concesiones públicas, concretamente y según especifica en su página web, los aparcamientos, los campos de golf y los puertos deportivos. Fue una de las habituales de los sumarios y financiación B del PP: aparece tanto en la sentencia de la Gürtel, como en los papeles de Bárcenas como en investigaciones enmarcadas en el Caso Púnica. La sentencia de la Gürtel consideró probado que Licuas se vio favorecida por adjudicaciones irregulares y que, en compensación, pagó facturas infladas o por servicios no prestados a empresas de la trama. El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el municipio en el que se originó el caso, contó en uno de los juicios que Álvaro Lapuerta (tesorero del PP anterior a Bárcenas) le llamó pidiéndole que echara una mano a Licuas "porque era gente que colaboraba con la casa".
El presidente de Licuas, Joaquín Molpeceres, fue investigado en el caso Lezo por un supuesto trato de favor de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. La acusación fue archivada. Molpeceres, que se autodefine como empresario deportivo y preside un club de golf en Madrid, también fue investigado por aparecer en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros bajo el nombre de Volpeceres. El empresario negó haber aportado nada y, de nuevo, la pieza fue archivada porque no se encontraron indicios de que las donaciones se hicieran a cambio de adjudicaciones. Ni Licuas ni Molpeceres han respondido a solicitudes de información de elDiario.es.
El meticuloso trabajo de datos de los vecinos, revisado por este periódico y público para el que quiera contrastarlo, confirmó sus conjeturas. El porcentaje de adjudicaciones de obras —tanto en número de contratos como en cuantía— que se lleva Licuas es muy superior al de otras empresas. Pintadas sobre un mapa, son muchísimas las calles reformadas por la misma empresa. Los vecinos dividieron su estudio en dos partes: los contratos "mayores" (en obras, los superiores a 40.000 euros) y los contratos menores, inferiores a 40.000 euros. Los contratos menores son los llamados contratos 'a dedo' porque no exigen concurso.
En el período analizado, de 2015 a 2021, Licuas fue el principal adjudicatario de grandes contratos de obra: se llevó 19 de un total de 67 (algunos de esos 67 aún no habían sido adjudicados en el momento de elaborar la base de datos). El importe ascendió a unos 5 millones de euros, de un total de 14,5 millones invertidos en la categoría, lo que supone el 34% de la inversión. Y eso sin tener en cuenta el gran contrato de "mantenimiento, reparación y reforma de los pavimentos" de toda la ciudad, un contrato que técnicamente es de servicios, no obras, y que supone ocho millones de euros para Licuas en cuatro años, a razón de dos al año. Si se incluyera, Licuas se habría llevado 13 de los 22 millones invertidos en obras en el período, un 61% del total.
Este contrato, cuyo pliego técnico ha sido revisado por elDiario.es, está pensado para la conservación del pavimento que ya hay (por ejemplo, si se hace un boquete o hay que cambiar una loseta), pero incluye también ciertas actuaciones nuevas, como "creación de pasos de peatones", "nuevas pavimentaciones y acondicionamientos de medianas y parterres", "sustitución del mobiliario urbano", etc.
Ya en su momento el PSOE cuestionó que se incluyeran nuevas infraestructuras en un contrato de mantenimiento, porque se imputaría como gasto una inversión. Y el dinero para pagar una cosa y otra debe salir de distintos sitios: el gasto, de los impuestos que pagan los ciudadanos; la inversión, de otro tipo de ingresos (los que te dé la Comunidad, los de ventas patrimoniales, etc.)
"La línea parece muy fina", sostiene Federico Mas, portavoz de Ganemos en el consistorio. "No se explica tanta perseverancia por parte del Gobierno con la misma empresa. Se bordea la ley y norma para favorecer a Licuas, sin más".
Mas asegura que la facilidad para contratar a Licuas es algo que desde la oposición "siempre" han vigilado. "Pero la ley de contratos permite estas prácticas. Sale un concurso público y lo suele ganar Licuas. No le puedes prohibir que se presente". Dentro de las licitaciones, el siguiente adjudicatario fue Inesco S.A, con 2,3 millones y seis contratos. Y el siguiente, Obras Caminos y Asfaltos S.A, con 1,6 millones.
La situación dentro de los contratos menores o 'a dedo' no es muy distinta. En el período de 2015 a 2021, Licuas se llevó más 29 contratos menores que suman más de un millón de euros, de un total de 6,8 millones (el 14%). El siguiente contratista es Urbalux, con 13 contratos y 342.800 euros (el 5%). "La ley establece que en cada contratación menor se pida un presupuesto, no exige ni tres ofertas ni tres presupuestos. Un técnico lo pide y se adjudica directamente. No solo trabajamos con Licuas, también con otras empresas como Urbalux", dice el concejal de Hacienda, Javier Juárez. "Ante obras menores de 40.000 euros, pedimos ofertas a las empresas que conocemos porque lo que buscamos es agilidad".
Entre los contratos 'a dedo' llaman la atención algunas remodelaciones de aceras adjudicadas a Licuas (según Juárez, "nuevas necesidades" que no entran dentro del gran contrato de mantenimiento) y distintos contratos para remodelar calles muy cercanas, lo que podría ser considerado fraccionamiento (partir un contrato grande en varios para poder adjudicarlo a dedo). Juárez niega la mayor. "Son emplazamientos distintos aunque estén cerca, es más que normal", dice a este diario.
"No nos pilla por sorpresa", añade Silvia Lucena, portavoz del grupo socialista. "Sabemos que a Licuas se le adjudican numerosos contratos, pero entendemos que si salen a concurso y el seguimiento lo hacen los funcionarios, es correcto. El Tribunal de Cuentas nos dio un toque por exceso de contratación menor, aunque estaba dentro de la legalidad. Nosotros creemos que, si quieres hacer buen uso de los recursos económicos públicos debes pedir varios presupuestos y ajustar el gasto. Para eso tienes que ser previsor. ¿Hace falta remodelar calles? Agrúpalas, saca un concurso grande y que apliquen varias empresas, no solo Licuas, tu empresa de referencia".
"Muy normal no es. También es cierto que hay empresas dentro de la Comunidad de Madrid que parece que se reparten el territorio", dice una persona que trabajó en el Ayuntamiento y que recuerda el caso de FCC, la otra 'dueña' del municipio y encargada de gestionar todo un plan general. "La oposición puede estar más al loro para intervenir en los pliegos y ver si recogen características muy relacionadas con una empresa concreta. El problema es que supone un trabajo extra y, muchas veces, no se hace".
