El Tribunal Supremo ha confirmado la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del barrio de Ruzafa de Valencia tras inadmitir el recurso de casación interpuesto por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia. Así lo ha informado Russafa Descansa en un comunicado, que ha indicado que con esta resolución, el Ayuntamiento de Valencia deberá iniciar el procedimiento de declaración del céntrico barrio como ZAS promovido por la asociación vecinal.
Para ello, requerirá la ejecución de la sentencia, de 10 de julio de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tan pronto como los horarios y aforos de discotecas, pubs y otros locales con ambientación musical no se encuentren limitados por la normativa contra el coronavirus.
Russafa Descansa reclamará una ZAS amplia en su delimitación -entre las calles Gibraltar y Filipinas, las avenidas de Peris y Valero y Reino de Valencia, y la Gran Vía Germanías- y lo más restrictiva posible «para la recuperación de los niveles de calidad acústica
establecidos en la normativa autonómica y local», con mediciones representativas.
Asimismo, el colectivo exigirá, entre otros, la inspección y control de los limitadores de decibelios en los establecimientos de hostelería o la revisión de todas las licencias.
Desde la entidad han informado que «lamentablemente» algunos de los vecinos que han colaborado en este largo proceso judicial -desde 2017- renunciaron hace años contra su voluntad a vivir en el barrio por la saturación acústica y el desamparo municipal.
Ahora, el Tribunal Supremo impone costas procesales a la entidad recurrente, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia. Russafa Descansa cobrará 1.500 euros por costas procesales y el Ayuntamiento de Valencia, 500 euros al presentarse como parte personada y recurrida.
Tras conocerse la sentencia, desde la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, de la que forma parte la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa (Al Balansí), han reiterado su «voluntad de colaboración». En un comunicado, han reivindicado que se sienten «víctimas de la incapacidad de la administración municipal para poner en marcha medidas concretas de lucha contra el ruido que eviten la criminalización de la actividad económica de las pymes hosteleras y del ocio y de sus trabajadores».
