GINEBRA – La pobreza extrema, la desigualdad y la injusticia han aumentado en el mundo con las crisis acentuadas por la pandemia covid-19, y los líderes mundiales deben encontrar soluciones inclusivas y sostenibles, planteó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Se trata de avanzar hacia un futuro inclusivo, ecológico, sostenible y resiliente o, de lo contrario, colapsar”, dijo Bachelet ante la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, abierto el 21 de junio en esta ciudad suiza.
Refirió que “aumentan la pobreza extrema, las desigualdades y la injusticia, y se está erosionando el espacio democrático y cívico”, por lo que “navegar por una salida será el trabajo de esta generación de líderes mundiales, o su caída”.
Su informe apuntó al papel de los Estados en la respuesta a la crisis, y sostuvo que el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos socavó la resiliencia de los sistemas de salud, así como los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación ante las emergencias sanitarias.
A la numerosa lista de países en los que había reportado este año situaciones preocupantes de las garantías fundamentales, como Arabia Saudita, Brasil, Chile , China, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Libia, Perú y Siria, en esta ocasión Bachelet agregó Afganistán, Bielorrusia, Etiopía y Sri Lanka, entre otros.
De América Latina, incluyó a Colombia y México debido a “cuestiones recientes muy preocupantes” y adelantó que en la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos se expondrán los casos de Nicaragua y Venezuela, así como los de Georgia, Irán, Myanmar y Ucrania.
Sobre Colombia se refirió a las protestas iniciadas el 28 de abril pasado en un contexto de crisis económica preexistente y profundas desigualdades sociales agudizadas por la pandemia.
Dijo que aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se registraron casos de violencia. Reiteró su condena a todas las formas de agresión, pidió respeto al derecho de asamblea pacífica y llamó al diálogo para resolver la crisis.
“Mi oficina (Acnudh) ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, incluidas denuncias sobre 56 muertes (54 civiles y dos policías) en el contexto de las manifestaciones, indicó.
Con respecto a México, Bachelet manifestó alarma por el alto nivel de violencia política registrado durante el proceso de comicios intermedios celebrados el pasado 6 de junio.
Se refirió a los por lo menos 91 políticos y miembros de partidos políticos asesinados, entre ellos 36 candidatos electorales, todos abatidos a partir septiembre de 2020, cuando comenzaron las campañas.
Aseveró que todos los partidos políticos resultaron afectados y que las mujeres enfrentaron violencia de género, incluida la violencia sexual y campañas de difamación.
“Es fundamental asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar su no repetición. También aliento a las autoridades a que se abstengan de utilizar un lenguaje que socave a quienes expresan opiniones disidentes o que de alguna manera ponga en duda la independencia de los órganos autónomos”, puntualizó.
En la región caribeña, Bachelet tocó el tema de Haití, donde “la agitación política continúa, vinculada en parte al desacuerdo sobre la organización de un referéndum sobre una nueva Constitución y la organización de elecciones en septiembre”.
Expuso su preocupación por “los enfrentamientos entre grupos delictivos que han provocado al menos 50 muertes, el desplazamiento de más de 13 000 personas y agravado el acceso ya muy limitado a los servicios básicos”.
También condenó la muere de 26 agentes de policía haitiana, desde enero, e insistió en que “las autoridades deben garantizar el derecho al voto en condiciones seguras”.
Bachelet dijo que en todo el globo “necesitamos anclar a nuestros Estados en la sólida base de la justicia, sabiendo que este esfuerzo fomentará la resiliencia y la profunda confianza pública que todos los gobiernos buscan inspirar”.
Y “para recuperarnos de la cascada más amplia y severa de retrocesos en materia de derechos humanos, necesitamos una visión que cambie la vida y una acción concertada para dar seguimiento. Necesitamos una economía de derechos humanos”.
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