«Es la crónica de una muerte anunciada a plazos», así valora el catedrático y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir un aumento gradual hasta 2027 del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez. De 7 metros cúbicos por segundo cuando se apruebe el plan a 8,6 en 2027. En la práctica supone un recorte en los recursos que se pueden enviar por el trasvase a Murcia y Alicante. Del orden de 40 hectómetros cuando se valide el documento hasta su recorte gradual de 80 anuales en seis años. Supondrá de hecho el bloqueo de la infraestructura que ha trasvasado una media 350 hectómetros al año desde su puesta en marcha hace cuatro décadas. Para Melgarejo la decisión del Ministerio, «no tiene nombre desde el punto de vista técnico». Recuerda que se han realizado hasta 70 informes desde el Instituto del Agua, la Comisión Técnica de la Diputación, el propio Sindicato Central de Riegos del Trasvase Tajo- Segura, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Madrid, la Politècnica de València...» que advierten del enorme impacto de ese incremento del caudal ecológico. «En el Ministerio no los han tenido en consideración, por no utilizar otros términos. No hay racionalidad en una decisión tan importante para la provincia», sostiene Melgarejo, quien recuerda que el 60% de la superficie regada alicantina depende del trasvase, además de 35.000 empleos directos. Incide en que el impacto mayor es en el sector agrícola, pero advierte que del agua del trasvase dependen todos los desarrollos urbanísticos del sur de la provincia y la seguridad para el abastecimiento de 35 municipios y más de un millón de personas, además de la planta industrial. «Parece que afecte solo a los regantes, pero en realidad afecta al conjunto de la estructura económica de la provincia», insiste.
