Alcoa irá al Supremo para intentar revocar la última sentencia de la Audiencia Nacional sobre el proceso de venta de las factorías de La Coruña y Avilés. El fallo considera responsable a la multinacional de haber dejado a esas factorías en manos de inversores que no cumplen los criterios de serios, solventes y rigurosos y obliga a Alcoa a que si se producen despidos, se ejecuten con las condiciones pactadas en el ERE, que eran más ventajosas que las que exige la legislación vigente.
En un comunicado de prensa, Alcoa asevera estar analizando «cómo afecta esta sentencia a su situación actual en España». Lo hace en un momento en el que la firma norteamericana quiere desprenderse también de la fábrica de aluminio de San Cibrao y el Estado se niega a comprar primero a través de la SEPI para posteriormente cederla a un inversor interesado.
En la nota, Alcoa asevera que «no puede ser considerada responsable de los incumplimientos en los que puedan haber incurrido terceros de las obligaciones que asumieron en el contrato de compraventa de las plantas», en referencia al fondo de inversión Parter y al Grupo Riesgo al que se revendió posteriormente las plantas, ahora intervenidas judicialmente.
La multinacional recuerda que todo el proceso de venta fue supervisado y avalado por el Ministerio de Industria y los Gobiernos de Asturias y Galicia. «Esta sentencia pone de manifiesto los riesgos de una venta de unas plantas estructuralmente inviables en la que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción», indica.
