Excluir del ámbito del indulto el delito de malversación o exigir que a juicio del tribunal sentenciador existan razones de justicia, equidad o utilidad pública para poder otorgar el indulto total o parcial. Estas son algunas de las reformas que IU propuso introducir en la Ley de Indulto en 2013 para prohibir que la medida de gracia pudiera otorgarse en las condiciones en las que lo hizo ayer.
Una propuesta que llegó al pleno del Congreso el 11 de marzo de 2014 y cuya toma en consideración recibió el «sí» del PSOE, incluyendo el voto a favor de Pedro Sánchez, que entonces solo era diputado y de otros miembros del Ejecutivo y dirigentes del PSC que hoy defienden los indultos a los líderes del 'procés' contra lo que votaron entonces: el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Además del PSOE, todos los que hoy son sus socios parlamentarios y entonces tenían representación en el Congreso votaron a favor de tramitar esta reforma cayendo ahora en la misma contradicción que Sánchez: desde ERC al PNV pasando por EH Bildu o Compromís. El texto no salió adelante porque recibió el voto en contra del PP, que en aquel momento contaba con mayoría absoluta.
La iniciativa de IU dejaba un único resquicio para sortear la prohibición de indultar parcialmente con el tribunal en contra. «El Gobierno deberá someter la petición de indulto a una Comisión Mixta, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan informe vinculante para el Gobierno».
«Política criminal»
La exposición de motivos de la iniciativa defendía, además, que «en la medida en que el órgano que concede el indulto es el poder ejecutivo, puede afirmarse que también tiene un claro carácter político, siendo la política de indultos una manifestación de la política criminal del Gobierno». A partir de aquí, denunciaba que en «no pocos casos» la «pertenencia del reo a un partido político, a una institución pública o a poderes económicos relacionados, han generado polémica y dudas razonables sobre un problema preocupante: saber si el tipo de delito y el rango o condición del sujeto condenado influyen en la concesión del indulto».
Siguiendo este hilo, el texto advertía de que «si esto fuera así, este tipo de medidas de gracia supondría un atentado frontal para el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y sería incompatible con el principio de igualdad ante la ley, por su carácter discrecional, arbitrario». Argumentos que tanto el PP como Vox y Cs vienen utilizando en las últimas semanas contra los indultos concedidos ayer.
Durante el debate del texto, el representante socialista, Julio Villarrubia Mediavilla, acotó su intervención a lo referido a delitos de corrupción y añadió alguna exigencia más para la concesión de los indultos como «la exclusión de la concesión del indulto, ni total ni parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliéndose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero».
También abogaba porque los informes de la junta de tratamiento del centro penitenciario del reo indultado recogieran el efecto del indulto «en la reinserción social del condenado». A cambio, dejaba para una fase posterior de negociación -que nunca llegó- la limitación a los indultos parciales.
ERC: «Debería abolirse»
Se da la circunstancia de que el partido que entonces se mostró más beligerante con los indultos fue ERC, gran beneficiario de ellos ahora. «La institución del indulto es más propia de otros tiempos. Es una figura obsoleta y debería abolirse. Esta es la opinión de los republicanos catalanes. Se trata de una intromisión del poder político en el Poder Judicial inadmisible», defendió Joan Tardà. Desde el PNV, Emilio Olavarría consideró que la medida de gracia no debe concederse «por motivaciones exclusivamente políticas» a «personas que tienen determinada militancia política o pertenecen a determinada institución pública o tienen características especiales».
Los socialistas elevaron al pleno en 2015 una reforma similar pero que no excluía la malversación del ámbito del indulto y otra posterior en 2017, que sí lo hizo y que fue defendida por el hoy ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Sin embargo, no contó con el voto a favor de Sánchez porque había renunciado un año antes a su escaño.
