El profesorado técnico de Formación Profesional (PTFP) está revuelto. Unos 28.000 docentes de este cuerpo están pendientes estos días de su futuro: el grueso de ellos exigiendo que se les aplique una subida de nivel que llevan décadas reivindicando y que supondrá una mejora en sus condiciones laborales y posibilidades de desarrollo de carrera. Junto a ellos, una minoría reivindicando soluciones porque no van a poder entrar en ese ascenso, al no tener la titulación necesaria. Unos y otros exigen que las soluciones lleguen ya, para que estén aplicadas el próximo curso. Pero no parece probable que esto último vaya a pasar, según afirman fuentes del Ministerio de Educación.
La equiparación de los profesores técnicos de FP con los profesores de Secundaria es una reivindicación histórica del sector que por fin recogió la recientemente aprobada Lomloe. Supondrá, para quien pueda acogerse a ella, subir de categoría en el escalafón de la administración a un A1, que implica una subida salarial (unos 200 euros al mes) pero sobre todo, destacan los interesados, la capacidad de desarrollar una carrera profesional que ahora no tiene recorrido. "Lo que exigimos es una equiparación de derechos y que se corrija una injusticia", sostiene Pablo de la Rocha, profesor técnico de FP en las Islas Baleares, en alusión a que estos profesores hacen actualmente (no siempre fue así) la misma labor que sus compañeros que pertenecen al cuerpo de Secundaria.
Para poder cambiar la categoría el principal requisito es tener un título universitario. Aquí llega la primera criba, que deja fuera de la equiparación a unos 4.000 de los 28.000 PTPF afectados. Este cuerpo docente acabará extinguiéndose, pero Educación explica que quien esté ejerciendo actualmente no tiene nada que temer; seguirá haciéndolo hasta su jubilación.
El origen de la división entre técnicos y no técnicos está en los años setenta, cuando se establecieron dos cuerpos para impartir la FP: uno de maestros de taller, que impartían las clases prácticas y que en general eran titulados de FP, y otro de profesores numerarios, que daban las teóricas y eran, normalmente, titulados universitarios. Dos décadas más tarde se reconvirtió a los primeros en profesores técnicos y a los segundos en docentes de Secundaria y sus labores se mezclaron. Se empezó a exigir un título universitario para ejercer, aunque en 2007 se hizo una excepción para algunas especialidades que no tienen formación equivalente universitaria, como la Peluquería, Cocina, etc. En total, de las 29 especialidades de docencia, 10 están exentas del título universitario para ejercer.
De esta reordenación quedaron dos cuerpos con semejantes requisitos para ejercer, pero que estaban ubicados en categorías diferentes. Los profesores de Secundaria, como sus compañeros de instituto, son A1. Esto implica, obviamente, más salario que los técnicos, que se quedaron en A2 o inferior, pero también más posibilidades de desarrollo.
Así estuvo la cosa, grosso modo, hasta que la Lomloe atendió la reivindicación histórica del colectivo y planteó su equiparación en su disposición adicional decimoprimera, que establece básicamente tres cosas: que las especialidades se integran en el cuerpo docente de Secundaria; que a aquellos docentes que en el momento de entrada en vigor de la ley tuvieran un título universitario (los mencionados 24.000 del total de 28.000 técnicos) se les regulará el acceso, aún por definir el cómo; y que quien no tenga el título queda como cuerpo a extinguir. Seguirán ejerciendo, realizarán las mismas tareas que sus compañeros, pero no podrán aspirar a ascensos ni cobrarán más.
Los docentes están en general satisfechos con el cambio –los que no tienen un título, un poco menos–, pero exigen que se aplique ya para no perder otro curso. "Hay compañeros que llevan 30 años en esto, algunos jubilados incluso, necesitamos que se agilice el proceso", explica De la Rocha. "Necesitamos poder desarrollar nuestra carrera profesional. Yo ahora mismo o soy profesor o tengo que hacer otra oposición para mejorar. Si fuera un A1 podría acceder a jefaturas de servicio, de departamento o incluso a la condición de catedrático de instituto. Ahora no puedo, y es posible que tenga más formación que muchos compañeros de Secundaria", elabora.
Pero Educación replica que el cambio de categoría no puede hacerse de manera automática. Hay que regular el proceso, explica una portavoz del ministerio, y en este cambio entran en juego sindicatos y comunidades autónomas, con quienes se están reuniendo estas semanas, aunque no hay demasiados avances palpables por el momento.
También queda pendiente cómo se va a regular la docencia de estas especialidades que no tienen equivalente universitario (Artes Gráficas, Hostelería, etc.) y por tanto no se puede exigir a su profesorado que tenga un título. Educación explica que efectivamente estos docentes tendrán que ser titulados en Formación Profesional, pero que esta cuestión se regulará en la futura ley de Formación Profesional (una de las principales apuestas del ministerio para lo que queda de legislatura), que la ministra Isabel Celaá quiere empezar a tramitar en las próximas semanas para tenerla lista hacia finales de año. Falta por decidir bajo qué figura serán contratados.
Los sindicatos docentes califican de "marginación" el trato de Educación a los profesores técnicos sin título universitario por impedirles pasar a formar parte del profesorado de Secundaria. "Quienes queden atrapados en el cuerpo a extinguir verán seriamente condicionados sus derechos en cuestiones tales como los concursos de traslados", sostienen desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Otros docentes, con título universitario, matizan que sus compañeros han tenido al menos desde 2007 para titular, cosa que no han hecho.
