La esperanza de que la pandemia se supere en los próximos meses es cada vez más real. El avance de la vacunación, sin embargo, no va a implicar que se pueda dejar de usar la mascarilla de forma inmediata. El último endurecimiento de la normativa, con algunas actualizaciones, se mantendrá al menos todo este año.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes una disposición que obliga a llevar la mascarilla en cualquier espacio público, sin importar la distancia a la que se encuentre el resto de personas.
Hasta ahora, en la vía pública o en los espacios al aire libre era obligatorio el uso cuando existía una distancia inferior a un metro y medio, según la norma estatal, aunque las comunidades habían establecido exigencias más duras y sus propias excepciones.
Ante el revuelo suscitado, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que el texto se someterá a una revisión en el Consejo Interterritorial para ver si es necesaria una “matización”, como por ejemplo en lo que se refiere al uso obligatorio en la playa.
Pese a ello, fuentes del Ministerio de Sanidad confirman a Confidencial Digital una de las ideas de fondo que se pretende con la nueva normativa: lanzar una señal clara de que su vigencia permanecerá durante un largo periodo de tiempo.
-- “Hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19”, indica el propio texto de la ley como periodo de aplicación de la medida.
Es decir, con las matizaciones correspondientes que se debatirán en el Consejo Interterritorial de este miércoles, el plan del Gobierno y de las comunidades autónomas es mantener las medidas de seguridad hasta que la crisis sanitaria se dé por acabada.
Así lo admiten también a ECD fuentes de varias consejerías de Sanidad autonómicas, que se muestran claras al respecto: “las mascarillas serán obligatorias, como mínimo, durante todo el 2021”.
Hay que recordar que el Ejecutivo ha admitido en privado al sector del Turismo y a otros ámbitos empresariales que no se va a poder cumplir la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “para el verano se haya vacunado el 70% de la población”.
No está clara esa llegada masiva de dosis a partir de abril que se había augurado. Un contratiempo que obligará en unas semanas a revisar ese objetivo y a comenzar a plantear un retraso de al menos hasta octubre, tres meses más tarde de lo previsto inicialmente, para alcanzar la inmunidad de rebaño.
Sanidad y las autonomías pretenden mantener las medidas de seguridad durante otros tres meses más, lo que lleva de momento a plantear extender el uso obligatorio de la mascarilla “al menos hasta final de año”, aunque después se vayan “matizando” algunos supuestos con el avance de la vacunación.
En el Ministerio de Sanidad insisten en que, mientras que un porcentaje de la población vacunada conviva con otro que aún no lo está, es necesario cumplir con las medidas de seguridad que se han mantenido en los últimos meses para evitar nuevos brotes de coronavirus: la distancia social, el lavado de manos y, por supuesto, las mascarillas.
La nueva ley es un compendio de las medidas de la desescalada que se acordaron en junio de 2020, una vez que venció el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. La norma se aprobó como decreto ley y empezó a aplicarse, pero luego se tramitó como ley y entra ahora en vigor de forma un tanto anacrónica.
Desde el pasado verano, las comunidades comenzaron a realizar una adaptación del uso de las mascarillas teniendo como base el decreto del Gobierno. La gran mayoría lo hicieron rápidamente, pero contemplando excepciones de diferentes tipos, como al tomar el sol en playas o piscinas.
Ahora, con la nueva ley, la exigencia de uso de mascarilla en los espacios al aire libre es aplicable a todas las comunidades, que ya no pueden regular sus excepciones ni graduar su aplicación.
Pero obligar a llevar mascarilla mientras se toma el sol al aire libre, incluso manteniendo la distancia de seguridad, parece difícilmente justificable y puede suponer otro golpe para el turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Una medida que se da por hecho que será revisada en los próximos días.
La normativa sí mantiene que la obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse el tapabocas, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad. O cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
