Las críticas surgieron luego de que el 24 de marzo el Gobierno colocara suma urgencia al proyecto de ley. “Hay una cierta desesperación por dejar lo que hemos denominado leyes de amarre”, dijo José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
En junio de 2019, el Ejecutivo presentó una de las iniciativas más relevantes de su agenda cultural: el proyecto de ley de patrimonio, legislación que tenía por objetivo crear una nueva institucionalidad así como procurar la modernización de los mecanismos de salvaguarda.
Sin embargo, durante el debate legislativo surgió más de una observación respecto del proyecto. Entonces, las críticas hablaban de un proceso que se había elaborado entre cuatro paredes, pasando por alto uno de los puntos claves del Convenio 169 de la OIT, vale decir, la participación de los pueblos indígenas.
De esa manera, el debate, que en un primer momento se presentó como primordial, se fue dilatando hasta sortear un 2020 sin mayores avances. No obstante, el 24 de marzo recién pasado la discusión cobró fuerza. Esto, luego de que el Ministerio de las Culturas presentara una indicación sustitutiva al proyecto, mientras que el Ejecutivo le otorgó suma urgencia a la discusión.
En ese contexto, más de diez organizaciones vinculadas al patrimonio cultural criticaron al Ejecutivo, señalando que su acción es una “mala señal”, ya que desliga la discusión del proceso constituyente que se realizará en el país: ”Creemos que la discusión se debe hacer en paralelo al proceso constituyente. Una vez que comience a sesionar, las comunidades y todas las instituciones y actores del mundo social y político debiésemos auto convocarnos para crear un instrumento normativo para este tema”, dijo José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
“Desde nuestro punto de vista, cualquier ley que se tramite ahora tiene que ser una ley de carácter constituyente. No puede estar construida solo con la base de un sector de la sociedad chilena (…). En este contexto de pandemia y cambio constitucional, es una señal grave en el sentido de que creemos que hay una cierta desesperación por dejar lo que hemos denominado leyes de amarre”, añadió.
Osorio también indicó que el proyecto tiene un grave problema ético de fondo, lo que hace más difícil su discusión: “Sin consulta indígena y sin participación ciudadana vinculante, esta ley no cumple con los estándares mínimos respecto de lo que debiera ser un cambio en la legislación en el ámbito patrimonial en nuestro país”, señaló el dirigente.
El proyecto elaborado por el Ejecutivo establece nuevas categorías de protección como el patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, paisajes, monumentos públicos, sitios de memoria y memoriales. Asimismo, modifica la institucionalidad y crea el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Regional del Patrimonio Cultural.
Al respecto, Jorge González, presidente de Asociación Nacional de Trabajadores/as del Patrimonio (ANATRAP) e integrante del Frente por el Patrimonio, sostuvo que la maniobra del Gobierno transgrede uno de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo a finales de 2019, vale decir, crear una mesa para conversar, discutir e incorporar las observaciones de trabajadores, fundaciones y pueblos originarios en la normativa.
“Hay un montón de observaciones específicas en la parte técnica, pero, fundamentalmente, lo que siempre hemos señalado es poder sentarnos a conversar, ser parte de una ley que, finalmente, nos va a poner los lineamientos a todos los actores y actrices que nos desarrollamos en este mundo. Eso no ha querido ser jamás aceptado por parte del Gobierno”, dijo el dirigente.
“La parte más crítica tiene que ver con que no se hace una consulta indígena y entendemos que esta indicación sustitutiva dice que va a haber una ley indígena que se va a presentar en un año más cuando ellos ya no sean Gobierno. Eso me parece uno de los puntos principales”, agregó González.
La modernización de la ley de Monumentos Nacionales es un tema de suma preocupación para las organizaciones, ya que la normativa, que se originó en 1925, fue actualizada por última vez en 1970. Así, durante los últimos años, agrupaciones como la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales han planteado sus propias propuestas con el objetivo de renovar los proceso de salvaguarda en el país.
En 2020 el debate fue suspendido para darle prioridad a las iniciativas relacionadas con la crisis en el sector de cultura. Sin embargo, hoy el tema vuelve a instalarse mientras que desde las organizaciones adelantan que no bajarán los brazos ante el proyecto de ley. “Lo que esperamos es que el proyecto se rechace, se retire o se convoque a un proceso de elaboración al calor del proceso constituyente”, concluyó José Osorio.
