SANTA CLARA, Villa Clara.—El categórico lenguaje de estas cifras revela una verdad preocupante: el 75 por ciento de las transgresiones de los decretos ley 30 y 31 del 2021 del Consejo de Ministros ocurren en el sector estatal, al cual le corresponde ser ejemplo de acatamiento.
Peor todavía resulta que los descubren los órganos inspectores de afuera, mientras a las administraciones y sus aparatos de control se les ¿esfuman? entre las manos.
Por el decreto 31 se impusieron, desde febrero hasta inicio de esta semana, 3 225 multas por 5 650 375 pesos. Por el decreto 30 aplicaron 445 multas por más de dos millones de pesos, reveló a JR Kenia Padrón, de la dirección provincial de Finanzas y Precios.
La Dirección Provincial Integral de Supervisión y el Ministerio del Interior resultaron los que más sanciones impusieron por las infracciones de los decretos,en vez de los órganos inspectores, por ejemplo, de Salud Pública, responsabilizados con el cumplimiento de normas sanitarias,y de las empresas municipales o el sectorial de comercio, que deben velar por la protección de sus consumidores y estar allí donde se cocina el desacato.
Algún suspicaz podría alegar que cuentan con menos personal para esos fines, ¿olvidando? al aparato administrativo de cada unidad, el primero que debe imponer el control y la disciplina.
Por el decreto 31, que establece los procedimientos a aplicar por infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19, las multas más reiterativas en el sector estatal fueron la falta de medios de desinsectación en la entrada de los centros y la no utilización por sus trabajadores del nasobuco, o hacerlo mal. Estos dos últimos procederos constituyeron los más penados también, en sentido general, entre las población.
En cuanto al decreto 30, que trata sobre las medidas aplicar por infracciones en la política de precios y tarifas, las violaciones más recurrentes se llaman engaño al consumidor, es decir, trampas en el pesaje y cobrar más de lo establecido.
