Pere Aragonès ha encajado la primera sesión del pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña, con pose de saber que Junts no se atreverá a una repetición electoral, pero la derrota en la primera votación y la dura intervención de Albert Batet (Junts), socio en el actual Govern catalán en funciones y con el que negocia su investidura, le augura una legislatura con curvas. De entrada, Junts le recomendó que retire su candidatura –que puede hacer en cualquier momento–, para evitar otra derrota en la segunda votación, prevista para el martes próximo. Tal y como estaba anunciado, Aragonès solo ha obtenido , este viernes, el apoyo de su grupo parlamentario, ERC (33 votos), y la CUP (9). Los 32 diputados de Junts se abstuvieron y los 61 de la oposición (PSC, Vox, ECP, Cs y PP) votaron en contra de su investidura.
Una vez resuelto el sentido de la votación, sabido ya unos días antes, lo relevante del debate era comprobar el grado de discrepancia existente entre Aragonès y Junts. Y, a tenor de las palabras de Batet, no parece que el candidato de ERC lo tenga fácil para conseguir superar el listón de la mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda votación. El meollo de la cuestión que separa a ERC y Junts es el papel que debe jugar el ex presidente autonómico, fugado de la Justicia en Bélgica y eurodiputado, Carles Puigdemont, y la nueva hoja de ruta independentista.
Así, para seguir negociando durante los próximos «días y semanas», Batet le espetó a Aragonès: «Le recomendamos, le proponemos formalmente que renuncie a la segunda votación de investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 74 diputados independentistas». Una sugerencia que sonó más bien a amenaza y acerca la posibilidad de que se ponga en marcha el reloj de la repetición electoral. Sin embargo, Batet aseguró que su formación es «responsable» y, por lo tanto, «no especularemos sobre unas nuevas elecciones, ni propondremos otro candidato, ni contribuiremos a ningún tipo de mercadeo ni politiqueo».
Aragonès, respondiendo a Batet y haciendo oídos sordos de la advertencia de este, descartó cualquier renuncia y emplazó a los negociadores de Junts a «reunirse 24 horas al día» con los enviados de ERC para llegar a tiempo al martes. «Estamos muy cerca. Estoy convencido de que lo lograremos», añadió, quitando hierro al asunto.
El hilo conductor de la intervención del presidente parlamentario de Junts fue destacar los dos aspectos que, desde su punto de vista, impiden un acuerdo con ERC. Básicamente, el papel de Puigdemont (al que le imputó «todas las victorias» contra España) y cómo afrontar un nuevo choque contra la democracia española. Asuntos que, además, van relacionados. Respecto al primero, Batet dijo que su apuesta es «la vía de la bifurcación», es decir, que el Consell per la República –asociación privada que controla Puigdemont desde Bélgica– se equipare a la Generalitat y coordine la hoja de ruta independentista, mientras que el Govern catalán se centra en la gestión del día a día.
Y en relación al segundo tema, Junts, que reprochó a Aragonès que ni siquiera hubiera citado el 1-O en su primera intervención, defiende que si el secesionismo consiguió el 52 por ciento de los votos el 14-F, no es para hacer lo mismo que cuando obtuvo el 48 por ciento.
El debate se llevó al cuerpo a cuerpo por parte de Batet, pero Aragonès insistió en tender la mano a los de Puigdemont. Eso sí, sin ceder a sus pretensiones en los dos puntos clave, que están en cuestión por los de ERC. El candidato y presidente autonómico en funciones defendió que se lleven a cabo encuentros de coordinación entre los partidos y las asociaciones independentistas, pero pidió respeto para la figura del presidente de la Generalitat. Y no renunció a la «mesa de diálogo» con el Gobierno de España, porque quiere «ganar la independencia para dejar de ser independentista».
No hubo menciones especiales a las posibles diferencias entre los dos grupos en otra política que no fuera la relacionada con el secesionismo. «Queremos un Govern de coalición, no de colisión», recordó Batet, que pidió a los de ERC «unidad, lealtad, confianza mutua» y no cometer los mismos errores que, desde su punto de vista, cometieron los independentistas durante el ‘procés’.
Más allá de las referencias a un futuro ejecutivo parecido «a Vietnam» –en versión de Junts, como recordó Batet y unos días antes Elsa Artadi–, las diferencias son básicamente de nivel de grado. Antes de la confrontación entre socios, Aragonès dejó clara –durante la primera intervención– su intención de querer liderar «una nueva Generalitat republicana», que se centre en atender las urgencias de las desigualdades sociales, impulsar la reconstrucción económica y, sobre todo, hacer inevitable la amnistía para los condenados por el 1-O y la autodeterminación de Cataluña.
«Propongo construir una nueva Generalitat republicana con una visión inequívocamente progresista y de izquierdas. Motivada por la búsqueda constante de la innovación y la transformación. Con la vocación de servicio público entre ceja y ceja. Que busque, siempre, una gobernanza participativa y transparente. Que tenga un liderazgo distribuido y honesto. Que piense en grande y nos ayude a recuperar la confianza con el futuro. Y que tenga un compromiso infranqueable con la República catalana», defendió.
En esta línea, Aragonès indicó que si acaba siendo presidente autonómico convocará a los secesionistas a «un Acuerdo Nacional para la Amnistía y la Autodeterminación», para exigir al Gobierno la amnistía de los independentistas condenados por la Justicia y un referéndum secesionista. Sin esto, no habrá solución política, señaló. Y añadió que nunca como en estos momentos un Govern catalán ha llegado tan lejos en sus reivindicaciones y llevará estas dos reivindicaciones hasta «el corazón de la Moncloa».
En cuanto a otras propuestas que espera aplicar, Aragonès, tras agradecer la «generosidad» de la CUP por apoyarle, recordó que se «mejorará» el modelo de seguridad ciudadana reformando a los Mossos d’Esquadra; defendió la inmersión lingüística obligatoria en catalán para las escuelas, un modelo al que aspira a «mejorar, todavía más»; adelantó que, en los primeros cien días, aprobará «un plan de rescate» de 700 millones para afrontar «la emergencia social»; dijo que aumentará hasta los 5.000 millones el gasto en sanidad; fijó en 1.000 millones para la legislatura el gasto en vivienda pública; y, entre otras menciones, enfatizó las ayudas Next Generation de la UniónEuropea para reactivar la economía tras la pandemía.
