De mérito a requisito obligatorio. La Comunidad Valenciana se suma desde este jueves a las autonomías que como Cataluña, Baleares, País Vasco o Galicia exigen por ley el requisito lingüístico para poder acceder a una plaza de funcionario. Con todo, la norma aprobada este jueves por el pleno de las Cortes Valencianas, deja a expensas de un reglamento si a los sanitarios se les pedirá un certificado de valenciano para poder trabajar en la región.
El Parlamento ha aprobado la ley de la Función Pública con los votos a favor de las tres fuerzas del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) y en contra de la oposición, tras un bronco debate en el que se llegó al insulto a cuenta del requisito lingüístico.
Pese al rechazo del PP a la totalidad de la ley, la formación ha votado a favor o se ha abstenido en algunos de los artículos y algunas disposiciones de la normativa, que ha requerido más de una decena de votaciones para salir adelante.
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El miércoles, el requisito lingüístico fue el gran protagonista en el parlamento, en el que se oyeron gritos, insultos y descalificaciones. Incluso un diputado de Cs llegó a reprochar al Botànic que quisieran «matarles», pero precisó que se refería a «matarles socialmente» ante la petición del presidente de la cámara, Enric Morera, de retirarlo.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que la nueva Ley de la Función Pública valenciana es «el instrumento normativo que nos permitirá modernizar y transformar la Administración autonómica porque, si los servicios públicos han sido una pieza clave durante la gestión de la pandemia, ahora han de ser el motor más esencial para la recuperación económica».
Bravo ha asegurado que el texto «no es una norma que mire única y exclusivamente al empleado público, sino que mira a toda la ciudadanía» y en especial «al sector económico y productivo, tan importante para la recuperación» tras los estragos causados por la pandemia del Covid-19.
«No es una ley sólo para funcionarios y funcionarias», ha recalcado Gabriela Bravo, «sino una norma que va a permitir la transformación de la administración de forma que los servicios públicos estén gestionados por personal capacitado que impulse la recuperación económica». Una regulación, además, que permite mayor flexibilidad en los procesos de selección de personal «y que atraerá al talento joven».
La consellera, además, ha recordado que esta ley está «elaborada desde la perspectiva de género» y, por tanto, «avanza en derechos para las mujeres con medidas de acción positiva para garantizar la conciliación y que las trabajadoras puedan ejercer sus cargos y funciones sin ningún tipo de discriminación». Además, prevé elementos de protección para las víctimas de violencia de género.
Por otra parte, Bravo ha resaltado que con el nuevo texto normativo «acabamos con la anomalía» que suponía que la Valenciana «fuera la única comunidad bilingüe que no tenía regulada la exigencia de capacitación lingüística» de sus plantillas públicas. «Por primera vez en 40 años, los valencianos y valencianas podrán dirigirse a la Administración en la lengua que deseen y nos equiparamos al resto de España».
El debate comenzó a subir de tono cuando la oposición protestó porque la diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes, se refirió a la «lengua catalana que hablamos los valencianos» y le han pedido que retirara esta referencia.
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«La ignorancia es tan atrevida», aseveró Blanes entre gritos de diputados del PP, Cs y Vox, que hicieron referencia al Estatuto de Autonomía. El 'president' de Les Corts, Enric Morera, intervino para pedir «un poco de educación» a la síndica del PP, Isabel Bonig, y le espetó que la diputada de UP: «Ha leído la definición de la Real Academia Española de la Lengua, vea usted qué barbaridad», al tiempo que defendió que en la cámara «se respeta la libertad de expresión».
El tono continúo elevado durante la réplica de José María Llanos (Vox), quien se preguntó «dónde ha quedado el estatuto de autonomía en esta cámara» y acusó al Botànic de «querer subyugar a los valencianos a unos inexistentes Països Catalans» que «es un compromiso de Vox que nunca existirán».
También hubo cruce de declaraciones entre Nathalie Torres (Compromís) y Vicente Fernández (Ciudadanos). La diputada de la coalición acusó a Fernández de «cosmopaletismo» y se preguntó «qué diferencia hay entre su discurso radical o el de Vox». Fernández replicó: «Hay medio millón de valencianos que me voten a mí o voten a otro, no quieren su hoja de ruta de odio». «Lo que me pase a mí en dos años me importa bien poco, mientras esté aquí daré voz a las personas que me han votado», ha aseverado.
El diputado de Cs criticó el «papelón» del PSPV con sus socios y también lanzó descalificaciones a diputados del Botànic a quienes llamó «pandilla de basura» y «atajo de sinvergüenzas». «Ustedes lo que quieren es matarnos», les manifestó, algo que Morera propuso retirar del acta. Fernández defendió que se refería a «matar socialmente y arrinconar».
Por parte del PP, José Antonio Rovira espetó al Botànic: «Ya estoy harto, seis años y no habéis hecho nada. Habéis multiplicado los interinos y los queréis echar a la puta calle». Mientras, Rosa Peris (PSPV), le afeó el «enchufismo» del PP, que fue el «cáncer de la administración pública». Además, les reprochó que «no tienen proyecto» y que están «en caída libre», pero «la que más» es su líder, Isabel Bonig, a la que «algunos le están cortando los cables del paracaídas», dijo.
