El dictamen vuelve a poner en solfa el carácter políticamente tendencioso de Lava Jato y la inocencia de Lula
Mientras Jair Bolsonaro trataba de calmar los ánimos y acallar los cacerolazos de reiterada protesta por su mal manejo de la pandemia, la segunda sala del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, llegaba el martes a un dictamen tan trascendente para sus deseos reeleccionistas como la mala fama que le ha ganado su poco caso a la Covid-19.
Finalmente, la justicia brasileña concluyó que el exministro de Justicia Sergio Moro, antes fiscal que condujo la operación Lava Jato y amigo (ahora enemigo) del Presidente, actuó de manera arbitraria en el caso del apartamento tríplex que se le adjudicó a Lula en la localidad de Guarujá, y que condujo a que fuera condenado a 12 años de prisión cuando estaba en su apogeo el ya concluido operativo judicial que debía investigar la corrupción en Petrobras, y fue manipulado para lapidar a la izquierda brasileña.
El dictamen, empero, no es tan importante para Bolsonaro como, obviamente, para el líder del Partido de los Trabajadores, pues aunque solo se refiere a una causa judicial de la cerca de una decena que se abrieron en su momento contra Luiz Inacio Lula da Silva, es la primera vez que la imagen de Moro y de Lava Jato quedan tan laceradas y expuestas públicamente desde el punto de vista judicial, lo cual debe profundizar el precedente lógico de descrédito que planea sobre el resto de las acusaciones.
«Es un fallo que reescribe la historia de la operación Lava Jato y de su impacto político», opinó el diario español El País, quien recordó que Lula no pudo presentarse a los comicios que ganó Bolsonaro en 2018, precisamente, porque fue inhabilitado por las condenas.
En todo caso, consideró más adelante el rotativo, el fallo supone «un golpe demoledor» para la Lava Jato.
Por su parte, los abogados del exmandatario consideraron la decisión como «histórica y revigorizante para el estado de de Derecho y para el debido proceso legal».
Algunos replicarán que hace dos semanas, ya el juez del pleno del TSF, Edson Fachim, había anulado todas las sentencias condenatorias a Lula que fueron adoptadas en el tribunal regional de Curitiba, lo que devolvió a Lula sus derechos a hacer política.
Pero, ojo, dicha decisión se basó únicamente en la falta de competencia jurisdiccional de aquel tribunal para juzgarlo.
No por gusto, con preocupación, el equipo de comunicación de Lula había denunciado, 24 horas antes, los intentos por reabrir las sospechas sobre el dirigente del PT que se observaban de una nota publicada por el diario Folha de Sao Paulo, un día antes.
En ella se enfatizaba que Lula no había «demostrado su inocencia» en los casos de corrupción denunciados por Lava Jato, a lo que los denunciantes respondieron que «La afirmación de Folha es objetivamente incorrecta y errónea. En el Estado de Derecho y según la Constitución brasileña, a diferencia de la inquisición, corresponde al Estado probar la culpabilidad».
Según explicaron, la decisión de anular el caso «no solo anuló, haciendo a Lula inocente, como cualquier persona contra la que no hay condena; también, agregó, invalida el corazón de las acusaciones contra él.
Ahora, el dictamen que incrimina a Moro por falta de imparcialidad ha sido considerado por analistas como segundo golpe asestado contra quienes quieren satanizar al dirigente petista y ex presidente: se ha constatado la mala fe de quienes lo encartaron, una conclusión que apunta aún de manera más directa y explícita a su inocencia, esa presunción válida para todos los reos mientras no se pruebe su culpabilidad, que no fue respetada cuando se apresó a Lula.
Tales ires y venires judiciales no solo resultan trascendentes porque se trata de la vida y el pundonor de una persona y, al propio tiempo, de la honestidad del sistema judicial de Brasil, tan desacreditado, sino porque se acercan las elecciones presidencial de 2022, y muchos estiman que los deseos de Bolsonaro de doblar en la primera magistratura solo pudieran ser frustrados por un líder popular de la talla de Lula.
