Carmen Calvo fue ministra de Igualdad entre junio de 2018 y enero de 2020, cuando le relevó Irene Montero. Antes de este lapso, se había manifestado abiertamente «abolicionista» en el debate sobre la prostitución que enfrenta en la izquierda a las corrientes que apoyan esa prohibición y las que apuestan por la regulación o reglamentación de la misma. En Ferraz, Calvo trabajó en un borrador que no llegó a tramitar. Durante su etapa como ministra, ella y su delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la hoy presidenta del Senado Pilar Llop, reconocían que la prostitución seguiría metida sine die en un terreno de completa alegalidad.
Pero llegó el pasado domingo y Calvo, en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE, asestó otro revés a su sucesora, Irene Montero, quien durante su año al frente del Ministerio se ha confesado «abolicionista» una decena de veces, si bien en su última comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso reconoció que no había encontrado aún suficientes respaldos dentro del Consejo de Ministros para priorizar una ley que quiera acabar con la prostitución. Los agujeros legales se mantendrían. Sí adelantó una norma contra la trata. Según fuentes policiales, más del 80% de las prostitutas están esclavizadas a manos de mafias y proxenetas.
Leyes 'Zerolo' y abolicionista
Calvo se descolgó en una jornada organizada por su partido -celebrada bajo el epígrafe 'Lucha contra la trata y la prostitución'- con el anuncio que más contundentemente responde a Montero. Se trata de la segunda vez que la vicepresidenta adelanta por la derecha a la ministra morada. La primera, para sorpresa de UP, fue con la 'ley Zerolo' contra la discriminación de trato que los socialistas registraron en el Parlamento. Los podemistas denunciaron que esa maniobra se había producido sin luz ni taquígrafos para ellos, sus socios de gobierno con quienes los socialistas negociaban las leyes 'Trans' y 'LGTB' con idéntico fin que la Zerolo.
Ahora Calvo vuelve a apropiarse de la causa feminista con la batalla que más divide a las corrientes clásicas y modernas del movimiento y UP dice que la dirigente socialista tiene «intervenido» el Ministerio. La vicepresidenta quiere implantar una especie de ley sueca, pionera en el continente y vigente desde 1999. Suecia aplica el castigo severo al cliente de la prostitución, a quien penalizan junto al proxeneta, además de a los que faciliten pisos o clubes para ejercer la actividad. Suecia parte de un apriorismo clave: la prostituta es la víctima y no se la debe castigar; por eso, su despenalización es total. En la otra acera, se encuentran países como México y la mayoría del centro de Europa, como Alemania, Austria y Suiza, donde se legaliza la prostitución y regulan las pautas para ejercerla, como en el Barrio Rojo de Ámsterdam.
La España que el rotativo 'New York Times' calificaba en 2012 como «el paraíso de la prostitución», sale tercera en la clasificación mundial de Naciones Unidas, tras Tailandia y Puerto Rico y mueve 4.000 millones de euros al año en un negocio al que es difícil meter mano. Ambas ministras enfrentadas se disputan (y arrogan) esa lanza. Según Calvo, «el PSOE está preparado para traer a este país una legislación que impida ese horror». Montero rebatió ayer en que su departamento trabaja en una ley contra «todas las formas de trata» que tendrá una visión «feminista, insterseccional y de derechos humanos», informa María Lozano.
Y, en medio, los demás partidos asisten atónitos a la nueva grieta de la coalición. Pocos se pronunciaron ayer ante el envite de Calvo, que emplazó a las formaciones a apoyar «su» ley. El más tajante fue Cs. Su portavoz, Melisa Rodríguez, les retó a aplacar primero sus diferencias antes de debatir una nueva iniciativa. Rodríguez reafirmó que Cs se mantiene en regular la prostitución y rechaza la norma abolicionista. «Que se pongan de acuerdo, ya que sus socios morados aún tienen abierto el debate entre regulación y abolición». «A la señora Calvo le encanta decirle a la gente lo que tiene que hacer», denunció. Cs quiere «dotar de garantías» a quienes cobran por sexo «voluntariamente». Rodríguez negó 'la mayor', pues Calvo defiende que al regular, crece la demanda.
