El anuncio por parte del Gobierno central de habilitar 11.000 millones de euros para ayudar a las empresas a hacer frente a los efectos de la pandemia, lejos de levantar aplausos, ha generado una oleada de profundo malestar. Los sectores de la provincia de Alicante que han quedado excluidos se sienten discriminados, mientras que los que sí van a poder disfrutar de los fondos los consideran insuficientes y vinculados a una densa burocracia que complica el acceso a los mismos. Todos alertan de las consecuencias en forma de destrucción de negocios y empleo que puede tener la falta de respaldo económico. Las reivindicaciones del tejido económico empresarial también van dirigidas en parte a la Generalitat.
