Pablo Iglesias da marcha atrás en el “impuestazo”. Ha frenado el proyecto castigar a Madrid, con el apoyo de ERC, mediante una reforma exprés del Impuesto de Patrimonio canalizada a través de la Ley Antifraude. Objetivo: evitar que le perjudique en su candidatura a la Comunidad, y no dar una baza electoral a Isabel Díaz Ayuso.
Esquerra alardeó públicamente hace unos meses de haber conseguido un pacto con el PSOE para “acabar con el paraíso fiscal de Madrid” a cambio de su apoyo a los Presupuestos.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sacó pecho sobre todo de que lo que se pretende es que el impuesto de Patrimonio sea más progresivo para las grandes fortunas, y así “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”.
Hace unas semanas, Esquerra anunció que iba a presentar una enmienda para incluir la armonización de Patrimonio en la Ley Antifraude que se tramita en el Congreso.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la maniobra, la propuesta fue en realidad impulsada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien convenció a Rufián de que así se conseguiría acelerar el ‘impuestazo’ a Madrid que habían anunciado.
La Comunidad de Madrid es la única que tiene bonificado al 100% ese tributo, por lo que desde 2008 ningún contribuyente madrileño ha de pagar nada por Patrimonio.
Por eso, si la armonización del Impuesto de Patrimonio prospera, serán los contribuyentes madrileños los más perjudicados. En 2017, hubo en la región 18.132 declarantes por este tributo, con más de 9 millones de euros de media.
Según fuentes conocedoras de la propuesta que negociaron Podemos y ERC, el objetivo oculto de esa reforma era que el Estado se hiciera con el control del Impuesto de Patrimonio, tributo totalmente cedido ahora a las comunidades autónomas, y determinar desde el Ministerio de Hacienda qué impuestos sobre la riqueza se pagan a nivel estatal.
Ese planteamiento permitiría sortear la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien se niega en redondo a cobrar el impuesto en la Comunidad de Madrid, y a la vez fulminaría de un plumazo una competencia autonómica clave a nivel fiscal.
La Ley de financiación otorga a las autonomías la capacidad de decidir sobre el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, sobre el tipo de gravamen, y sobre sus deducciones o bonificaciones.
Aunque el plan de armonización fiscal es una antigua pretensión del Gobierno de coalición, en el entorno del líder de Podemos reconocen a ECD que el hecho de que el debate vuelva al foco público en vísperas de las elecciones autonómicas en Madrid, en las que el propio Pablo Iglesias se presenta como candidato, no parece la mejor carta de presentación ante los votantes madrileños.
En el equipo de Iglesias dan por hecho que Díaz Ayuso se aprovecharía estratégicamente de la ofensiva de Podemos, aunque lo haga parapetado en ERC, con la alerta, en plena campaña electoral, de que “Pablo Iglesias viene a subir los impuestos a los madrileños”.
En Moncloa se tiene también claro que no es el momento de avanzar en el plan de los socios de ERC, porque ahora es necesario “proteger al PSOE madrileño de un castigo en las urnas sin precedentes”. Si el PSOE aparece mínimamente relacionado con la ofensiva contra la capital, podría pagar muy caro esa maniobra.
Conscientes de que el ataque podría salpicar en alguna medida al PSOE, Moncloa y Ferraz han transmitido a sus portavoces en la capital que insistan en la idea de que el plan de ERC no es “contra Madrid”, sino que se trata de un plan nacional. “No es un impuestazo a Madrid, sino una armonización fiscal para toda España”, explican.
Iglesias se ha puesto al lado del PSOE por razones electorales. En Moncloa venían frenando el intento de Podemos y ERC de reformar el Impuesto sobre el Patrimonio a través del proyecto de ley de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que se tramita actualmente en el Congreso.
Hacienda tampoco ve con buenos ojos que se busque aprovechar la tramitación de esta norma para cambiar el gravamen que autonomías como Madrid bonifican hasta hacerlo casi inexistente.
En Moncloa se apuesta por esperar a la futura reforma del sistema tributario, y entonces introducir modificaciones respecto a este impuesto.
Admiten que han recibido presiones en contra por parte de varias autonomías socialistas, porque cobran dicho impuesto y, si se convierte en estatal, dejarán de percibirlo. No están dispuestas a perder esos ingresos.
Además, en Hacienda explican que el planteamiento consistiría en subir los impuestos no solo a los madrileños, sino que implicaría igualar en todas las autonomías esos tributos o, al menos, fijar unas franjas que no se puedan rebasar ni al alza ni a la baja (unos topes máximos y mínimos de tributación a los que todos tendrían que ceñirse).
En la práctica, si esto se lleva adelante, supondrá una subida de impuestos para los contribuyentes de las comunidades con fiscalidad más baja -no sólo para los residentes en la Comunidad de Madrid-, pero, al mismo tiempo, implicará una bajada para aquellas que tienen impuestos más altos, en las que los contribuyentes saldrán beneficiados.
