Resulta paradójico que la reunión del Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocada para hoy -justo después del puente de San José- haya sido considerada de carácter «urgente», según el propio departamento que dirige Carolina Darias. Cuatro días después de que lo hiciera la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos se citan para confirmar, sin ninguna prisa, que la vacuna de AstraZeneca no conlleva riesgos para la salud pública y, en segundo término, redefinir los grupos destinatarios del tratamiento de la Universidad de Oxford. Hasta este miércoles -según el calendario que manejan Sanidad y su Comité Interterritorial, marcado por la urgencia y los puentes festivos- no se podrá reanudar la administración de esta vacuna, paralizada por una espiral de pánico, desinformación y medidas unilaterales que recuerda al caos normativo de los primeros compases de la pandemia. Los países europeos que, como España, interrumpieron el proceso de inmunización con los viales de estos laboratorios ante el temor a reacciones adversas volvieron la pasada semana y sin más dilación a administrarlos: Alemania lo hizo el pasado viernes, y también Francia -con su primer ministro a la cabeza-, al igual que el resto de socios de la UE, de Italia a Portugal, pasando por Bulgaria. España, en cambio, ha preferido cogerse el puente de San José para reflexionar con calma sobre una vacuna que en apenas unas semanas ha pasado dos exámenes consecutivos de las autoridades europeas, que no dudaron en descartar sus presuntas complicaciones patológicas. El criterio de los científicos de la EMA , sin embargo, no puede competir con los dictámenes de los expertos -ahora delegados territoriales, en función del estado de alarma- que desde los tiempos de Salvador Illa trazan la estrategia de Sanidad para liberar a sus titulares de toda responsabilidad.
Con menos del 9 por ciento de la población española inmunizada, cualquier retraso en la administración de las escasas vacunas disponibles no hace sino prolongar la crisis sanitaria y la agonía económica que la acompaña. Europa ha pecado de candidez al confiar en unos laboratorios farmacéuticos que desde el pasado enero no han sido capaces de cumplir sus contratos, ya sea por limitaciones logísticas o por trampas comerciales que el Parlamento comunitario debería investigar para depurar responsabilidades y, en su caso, exigir reparaciones. A este episodio de desabastecimiento, que imposibilita el cumplimiento de planes de vacunación tan posibilistas como los de Pedro Sánchez, se suma la falta de reflejos del Ministerio de Sanidad, cuyas reuniones de ‘urgencia’ representan un agravio para los pacientes que esperan los viales y los negocios que confían en la progresiva inmunidad del rebaño que los hace sostenibles.
Si durante la etapa en el Ministerio de Salvador Illa fueron sus fantasmagóricos expertos los utilizados para camuflar la arbitrariedad de sus decisiones -puramente políticas, cuando no frentistas hacia comunidades como la madrileña-, con Carolina Darias la responsabilidad recae en un comité autonómico que, con idéntica instrumentalidad política, le sirve para lavarse las manos. Tanta higiene tiene consecuencias, muy graves para quienes sufren los rigores de la pandemia y desde hace ya más de un año esperan y exigen responsabilidad y urgencia a quienes asumieron con su cargo la tarea de decidir en función del interés general, sin perder un tiempo que se traduce en vidas, humanas y económicas.
