A Cataluña ni ayer le robaban el partido ni hoy compite con un Madrid dopado
Proliferan en algunos medios las críticas a Madrid, centradas ahora no en el Gobierno del Estado sino en el de la Comunidad de Madrid. Con la malicia cursi que le caracteriza, un escribiente acuñó el oxímoron del “supremacismo madrileño” y el inventor del hospital volador ha hablado de “procés invisible”. Mientras tanto, los que intentan parecer sensatos acusan a Madrid de “dopaje fiscal” por asentar su prosperidad en las supuestas ventajas que le reporta el ser capital del Estado.
Lo del supremacismo ya apenas tiene interés psicológico: es un síndrome que remite rápido con la pobreza. Amén de que la boutade no proviene de quienes dudaban de si sus conciudadanos teníamos de humano algo más que la forma, sino de quienes les encumbraron, moralmente mucho peores. Hoy no soportan contemplarse en el espejo que les ofrece el “prusés” real y visible. Por ello aspiran a compartir el peso de sus muchos pecados. No quieren condenarse solos. Ya sin esperanza de contrición, promueven una atrición compartida.
El que hablen de dopaje fiscal también supone cierto alivio. Piensen que no hace ni una década parte de esa clerecía acusaba al resto de españoles de expoliarles, despojándoles “con violencia o iniquidad”. Tampoco hablan ya de “balanzas fiscales”, lo cual hasta resulta divertido. Les profesaban fe ciega cuando sólo las calculaban ellos, pero la perdieron cuando, al abrirse el debate, comprobaron que Madrid contribuye aproximadamente el doble a la redistribución territorial que Cataluña y que la situación de ésta no es en absoluto anómala a escala internacional.
Su evidencia empírica consiste ahora en que Madrid tiene las sedes de muchas empresas y ministerios cuyos funcionarios pagan allí sus impuestos. Es cierto, y más después de que tanta empresa catalana haya tenido que huir del separatismo
Por ello, fundan su nuevo credo en las percepciones erróneas que suele generar lo obvio. En vez de apelar al instinto de posesión, aprovechan la disonancia entre la percepción sensorial, inmediata e irreflexiva, y la racionalidad abstracta, que creen inaccesible para unos seguidores a quienes en el fondo desprecian. Su evidencia empírica consiste ahora en que Madrid tiene las sedes de muchas empresas y ministerios cuyos funcionarios pagan allí sus impuestos. Es cierto, y más después de que tanta empresa catalana haya tenido que huir del separatismo.
Es cierto también que pagan allí sus impuestos pero es falso que esos impuestos beneficien especialmente a la Comunidad de Madrid. Primero, porque muchos de ellos son impuestos estatales o de otras comunidades que nunca llegan a entrar en sus arcas, como el impuesto de sociedades y los tramos estatales del IRPF e IVA e impuestos especiales o retenciones a cuenta de contribuyentes que residen en otras comunidades. Segundo, porque el sistema de financiación autonómica incorpora mecanismos de transferencia que se llevan buena parte de los ingresos tributarios brutos de la Comunidad de Madrid a otras comunidades de menor renta. Al final, tanto para Cataluña como para Madrid el fiel de la balanza queda prácticamente neutro: en 2018, la financiación por habitante de la Generalidad era el 100,6% de la media nacional, excluyendo a las comunidades forales, prácticamente igual al 100,7% de la CAM. (En realidad, no es tan neutro si empezamos a considerar el creciente desequilibrio que se está acumulando en términos de deuda, pues éste nos beneficia a los catalanes: al final de 2020, cada catalán debía al Estado más de 8.000€, por los 4.000€ que le debía cada madrileño; pero no lo mencione, que es éste un asunto que produce crispación).
Observe que esta narrativa separatista es eficaz porque apela a lo más obvio, que es la ubicación y la recaudación, mientras que se requiere algo de abstracción y análisis racional para trascender las apariencias: la Comunidad de Madrid tiene unos ingresos tributarios brutos elevados (un 132,9% de la media por habitante ajustado) pero al final su financiación neta está en el promedio nacional (de donde el mencionado 100,7%). La primera de esas dos cifras es irrelevante pero es la que buscan consagrar en el imaginario colectivo cuando insisten en una obviedad como la ubicación de sedes y ministerios. Una obviedad que, sin embargo, a la luz de la segunda cifra, menos obvia, está fiscalmente neutralizada.
Sobre esa diferencia perceptiva construyen su nueva demagogia. Una vez digerida esta rueda de molino de la capitalidad, el creyente ya está en disposición de que le sea administrada una segunda dosis, según la cual los menores impuestos autonómicos de Madrid son sólo posibles por esa supuesta ventaja. Se trata de una mentira muy práctica, con efecto dual, pues, a la par que excusa los desorbitados impuestos que cobran muchas autonomías, empezando por la catalana, sustenta su iniciativa para laminar la libertad de la madrileña para cobrar menos impuestos a cambio de, en principio, prestar menos servicios públicos a sus ciudadanos.
La Generalidad tiene una plantilla con 2.200 peones bien cebados, una plantilla de tamaño similar al total de las televisiones madrileña, vasca y andaluza juntas
Según esta trampa argumental, si la Generalidad de Cataluña cobra por ITP al comprador de una vivienda entre el 10 y el 11% de su valor (en vez del 6% que cobra Madrid), y desde el 21,5% hasta el 48% por IRPF (en vez de entre el 18,5% y el 43,5% que le cobra Madrid) ello se debería a que Madrid no necesita cobrar tanto porque ya se lo regala el Estado. La verdadera razón, como comprenderá, es muy otra. Madrid no lo necesita porque no ha creado un imperio burocrático que, en el caso de la Generalidad, incluye una red de 18 mini embajadas para promocionar el separatismo; una mini NASA a la que en plena pandemia han asignado 20 millones de euros; o una mega televisión con 2.200 peones muy bien cebados, una plantilla de tamaño similar al total de las televisiones madrileña, vasca y andaluza… juntas. Eso es lo que permite a Madrid no sólo cobrar menos impuestos a sus ciudadanos, sino proporcionarles mejores servicios: por ejemplo, un Zendal modélico, en vez de un hospital de campaña al albur del viento.
A este sesgo político en la gestión de las prioridades hacia la identidad, que es obvio casi desde el principio del régimen autonómico, se une al efecto retardatario que ha tenido en Cataluña la adopción de políticas reaccionarias en el plano económico, como fueron el frenar o revertir reformas liberalizadoras tan importantes como las de alquileres y horarios comerciales, o los esfuerzos para legalizar la “ocupación” de inmuebles. No es casual que en 2019 se produjeran en Cataluña la cuarta parte de todas las ocupaciones nacionales, frente a sólo un 11% de Madrid, una brecha que además se ha ampliado en 2020.
Con todo, debemos ver como algo positivo el cambio que se ha producido en el debate territorial. No sólo porque, gracias a la insistencia del separatismo, ahora contamos con herramientas racionalizadoras, como las balanzas fiscales (aunque ahora mismo no se calculen, dado el comprensible desinterés del actual Gobierno). Además, invita a replantearnos decisiones que no debemos dar por cerradas, como con qué tipo de “capitalidad” debemos dotarnos. Espero abordar este asunto en una próxima entrega.
