El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado archivar la línea de investigación abierta en el contexto del caso Neurona sobre los pluses salariales que se aplicaron la gerente y el tesorero de Podemos, denunciados por el exabogado del partido José Manuel Calvente por un posible delito de administración desleal.
En un auto notificado este martes y al que ha tenido acceso ABC, el juez razona que «no se aprecia la presunta comisión de un delito de administración desleal» porque al aplicar esos pluses salariales, la gerente Rocío Esther Val tenía competencias para ello y además, el conjunto de gasto de personal fue aprobado por el Consejo Ciudadano Estatal, el órgano del partido responsable de ello, con los presupuestos de 2019.
A la misma conclusión llega el juez respecto del supuesto abuso de los recursos del partido que denunciaba Calvente por los gastos a su juicio excesivos, que tanto Val como el tesorero Daniel de Frutos repercutieron a Podemos en forma de recibos de taxis y desplazamientos. Para el juez, «basta examinar la documentación aportada para comprobar que dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia en el caso de Daniel de Frutos y por el Área de Gerencia en el caso de Rocío Esther Val».
«Por lo tanto no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna», concluye, para acordar el sobreseimiento parcial respecto de ambos, que están también investigados en el contexto del contrato con Neurona Comunidad, centro del procedimiento.
Unas líneas se cierran y otras se abren
Desde que se incoaron las primeras diligencias en julio del año pasado, Escalonilla ha venido desbrozando la batería de hechos presuntamente delictivos que puso Calvente sobre la mesa. Así, mientras profundizaba en el presunto delito electoral o de financiación irregular que se imputa a Podemos -el único para el que ve indicios la Fiscalía-, iba descartando otros como un contrato de consultoría con la empresa ABD o el sobreprecio en las obras de la sede del partido.
Archivadas esas dos líneas, como también una tercera relativa a un presunto acceso sin autorización al ordenador de una trabajadora de Podemos, cerró también la relativa a una donación de 30.000 euros que la Caja de Solidaridad del partido hizo a la entidad 404 Comunicación Popular, si bien ha debido reabrir esta investigación por orden de la Audiencia Provincial, que le ha impuesto profundizar.
En paralelo, se abrían investigaciones nuevas, como la relativa al pago de 26.200 euros al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por cuenta de Neurona Consulting en diciembre de 2018 y por la que este lunes declaró en sede judicial en calidad de imputado. Defendió que la factura que expidió para justificar el ingreso y que los investigadores sospechan que es falsa, puede contener «errores» porque no es un experto en esas cuestiones.
Además, el juez ha ordenado abrir tres causas independientes nuevas que se enviarán a reparto para que se decida sobre qué juzgados recaen. Una versa sobre el presunto uso de los recursos del partido en beneficio de la ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, en forma de una empleada que le serviría como niñera. Otra se refiere a las donaciones de la fundación de Podemos, el Instituto 25M y el grupo parlamentario a un proyecto de formación online. La última tiene que ver con unas costas procesales que según la denunciante, la también exabogada de Podemos Mónica Carmona, se podría haber quedado Pablo Iglesias cuando debieron revertir en el partido.
