El estudio "Reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en Chile" levantó evidencia testimonial de las condiciones de las mujeres en las cárceles chilenas. La mayoría de ellas asegura que la comisión de los delitos no fue una decisión sino que las circunstancias las forzaron a ello. La académica del INAP de la Universidad de Chile asegura que es fundamental incorporar perspectiva de género en la creación de políticas públicas penitenciarias.
Este lunes en la primera edición de Radioanálisis, la abogada y coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Olga Espinoza, se refirió al estudio “Reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en Chile”.
La académica de nuestra casa de estudios analizó las causales y los factores sociales y económicos que ayudan a explicar las razones por las que las mujeres cometen delitos y también qué tipo de delitos son los que las llevan a cumplir condenas privativas de libertad en los recintos penitenciarios.
“En términos generales, del total de personas encarceladas, solo el 10% son mujeres. Esta situación que parece una ventaja, termina siendo una desventaja porque se vuelven invisibles para el diseño de políticas públicas y eso es una situación muy compleja porque perjudica distintos procesos asociados no solo a quienes se criminaliza, a quienes son condenadas, sino a cuánto se invierte en la reinserción”.
Consultada sobre los factores externos que podrían ayudar a explicar la comisión de los delitos que llevan a la cárcel a las mujeres, Olga Espinoza identificó ciertas condiciones socioeconómicas como determinantes.
“Hay muchas condiciones de pobreza, pero no solo es eso porque hay otros condicionantes que terminan siendo más perjudiciales. Los estudios y evidencia internacional en Chile indican que el porcentaje de mujeres que ha sido víctimas de abuso sexual antes de su encarcelamiento es extremadamente alto, pero quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar es casi mayoritario. A la larga, se trata de perfiles muy mediados, muy amedrentados por entornos de violencia a los que se suma el empobrecimiento, consumo problemático de drogas y este rechazo social que se manifiesta en el abandono de ellas cuando están dentro del sistema penitenciario”.
“Las mujeres tienen menos redes y posibilidades de tener una vida de mejor calidad dentro de la cárcel, y, luego, de tener oportunidades reales y efectivas de reinserción”, enfatizó.
Según el estudio, de las mujeres condenadas por hurto – que es un delito con penas más breves- muy pocas reciben atención del Estado para la reinserción, por lo tanto la reincidencia es bastante más común que en otro tipo de ilegalidades.
“Uno puede analizar criminológicamente que este tipo de delitos son factibles de ejecutar para mujeres de educación precaria, con consumo problemático de drogas, con múltiples necesidades familiares, en su mayoría madres, etcétera. Es decir, hay condiciones que son facilitadoras para ciertas mujeres cuyo vínculo con la actividad delictiva las puede inducir a llevar a cabo este tipo de conductas. En el caso de los hurtos se trata de delitos problemáticos porque tienen una alta tasa de reincidencia, entonces hay mujeres que tienen hasta 7 reincidencias e ingresas y salen de las cárceles por periodos cortos. Dada la brevedad de esos periodos no es posible hacer intervención, ni siquiera dar oportunidades para que puedan completar estudios ocasionales, porque eso requiere un margen de tiempo para desarrollar la actividad educativa o laboral. Algunos pueden plantear como alternativa el ampliar el tiempo de la condena, pero quiero enfatizar en que hay que estudiar todas las propuestas que vayan en la dirección contraria: la cárcel no es la mejor alternativa, es más, no es la única alternativa para una sanción efectiva ante esos hechos que son reprochables”.
“En el estudio planteamos opciones de penas alternativas que permitan a la mujer no desconectarse ni perjudicar a su entorno familiar con su ausencia o por el abandono en que se puedan quedar sus hijos y familiares, pero permitirles recibir intervenciones en libertad que apunten a reducir su compromiso criminógeno y las condiciones de falta de oportunidades en que se encuentran”, detalló.
Respecto del entorno que rodea a las familias de esas mujeres que cumplen condenas en recintos penitenciarios y cómo este también debería ser objeto de rehabilitación, la experta aseguró que los pocos esfuerzos por diseñar políticas públicas para mujeres privadas de libertad han estado dirigidos a necesidades específicas.
“Es necesario ser más ambicioso, no basta con entregar oportunidades laborales o educacionales a mujeres en la cárcel, pues cuando egresan encuentran un entorno totalmente desmejorado porque sus hijos fueron derivados a instituciones del Estado, o están en abandono, o fueron captados por el crimen organizado, sino también porque cuando regresan a sus entornos muchas veces llegan a convivir a los mismos espacios de violencia de los que salieron cuando fueron a la cárcel. Entonces los problemas no son necesariamente los mismos que afectan a los hombres, en donde hay urgencias que hay que mirar y con perspectiva de género. Así, factores que en el caso de los hombres son de protección, como por ejemplo la familia o la vivienda, en el caso de las mujeres pueden ser factores de riesgo porque la necesidad de mantener a cualquier costo a una familia o llegar a contextos de violencia debe llevarnos a identificar mecanismos para que estas mujeres puedan tener espacios más protegidos y llegar a oportunidades reales de inserción”.
“Además es fundamental hacer un esfuerzo por empoderarlas generando condiciones para que se puedan convertir en ciudadanas“, agregó.
Finalmente, la académica del Instituto de Asuntos Públicos se refirió a los testimonios recopilados de las reclusas y que en su gran mayoría refieren situaciones forzosas de las que no tienen salida, la magister en derecho señaló que en las posturas internacionales que abordan la reinserción social existe el modelo del desistimiento que apunta a identificar qué condiciones son las que permiten que la mujer desista de ejercer la actividad delictiva.
“En términos generales, el intentar quebrar la percepción de un destino dado y que el único imaginario posible es el de delincuente es necesario incorporarlo y problematizarlo con perspectiva de género, porque definitivamente hay un entorno de redes y condiciones sociales que cuestionan y exigen niveles de esfuerzo superior a la mujer, pero al mismo tiempo no entrega reales posibilidades de soporte como salas cunas o trabajo remunerado de manera suficiente, oportunidades para hacer denuncias y verdadera protección ante la violencia intrafamiliar, opciones reales de abordaje de consumo problemático que al mismo tiempo permitan que atiendan sus necesidades familiares. Todo eso, conjuntamente con empoderarlas para ser ciudadanas activas comprometidas con sus propios cambios”, concluyó la experta.
